Insiste Susana Estrada en certificar a personal de centros de adicciones

Durante 2025, los centros comunitarios de salud mental y atención a las adicciones del Estado de México atendieron 9 mil 241 casos, cifra que, de acuerdo con la diputada Susana Estrada Rojas (morena), refleja la importancia de fortalecer estos servicios mediante la certificación del personal encargado de brindarlos. Por ello, propuso que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones asuma esta responsabilidad, en beneficio de las personas usuarias y sus familias.

En reunión de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXII Legislatura estatal para el análisis de su propuesta, la congresista explicó que Ecatepec y Nezahualcóyotl concentran estos casos, con mil 175, y que a nivel nacional solo 40 de 3 mil de estos organismos cuentan con documentación en regla. 

Durante el análisis de la propuesta de reforma al Código Administrativo del Estado de México, la diputada Jennifer Nathalie González López (morena) planteó armonizarla con la nueva Ley de Salud estatal, mientras que la congresista Sandra Patricia Santos Rodríguez y los legisladores Edmundo Luis Valdeña Bastida y Octavio Martínez Vargas, también de morena, coincidieron en que la atención de las adicciones es responsabilidad del Estado.

La propuesta solicita que el instituto, adscrito a la Secretaría de Salud, implemente un padrón de quienes ofrecen el servicio con información sobre su modelo de atención y el municipio en el que operan, y brinde capacitación continua a las personas responsables y particulares de tales establecimientos con el objeto de actualizar sus técnicas y métodos. 

Dispone también que, una vez certificados los servicios que brinda la persona responsable o particular, los centros en los que labore podrán recibir, de entes públicos municipales, estatales o federales, recursos económicos o en especie que requieran, así como estímulos en especie o en numerario de entes privados de carácter nacional, de acuerdo con su modelo de atención.

Durante el estudio del proyecto legislativo, Susana Estrada admitió que la Ley de Salud dispone reglas para los establecimientos y su propuesta se orienta a la certificación del personal que atiende y presta los servicios. 

En su turno, Jennifer González advirtió que la norma citada regula estas casas de atención, pero no mandata certificarlas; que establece la generación de un padrón de estas, pero no considera su modelo de atención; y admite la posibilidad de que reciban apoyos privados o públicos, pero no precisa los mecanismos. 

Al apuntar que la atención de las adicciones exige responsabilidad pública, Patricia Santos aseveró que, desde una perspectiva de salud pública, la certificación debe traducirse en prácticas concretas, personal capacitado, modelos de atención identificables, protocolos claros, mecanismos de supervisión y rutas para atender quejas.

Luis Valdeña señaló que la propuesta contribuiría a establecer un modelo de atención privada con estándares verificables, que brinde mayor certeza a las familias al buscar ayuda y favorezca la actuación coordinada y responsable de las instituciones.

Octavio Martínez subrayó la responsabilidad del Estado en la atención de las adicciones y llamó a combatir la disponibilidad de sustancias nocivas en las escuelas, así como a atender la situación de los centros donde, señaló, cuatro de cada 10 personas internadas son menores de edad. Además, sostuvo que no deben criminalizarse las adicciones ni a las personas consumidoras y destacó la necesidad de supervisar la administración de medicamentos durante los tratamientos.