• El Congreso mexiquense aprobó reformas para que el Poder Ejecutivo, las dependencias, organismos auxiliares y los municipios promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las juventudes, así como que prevengan, investiguen, sancionen y reparen integralmente las violaciones a estos derechos.
• Las reformas, impulsadas por la diputada Rocío Alexia Dávila y el legislador Pablo Fernández de Cevallos, integrante y coordinador de la bancada del PAN, respectivamente, buscan que la Ley de Juventud del Estado de México tenga como objeto la formación y el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de su participación en la toma de decisiones de las políticas públicas.
Las, le y los diputados mexiquenses aprobaron que el Poder Ejecutivo, las dependencias, organismos auxiliares y los municipios promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las juventudes, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como que prevengan, investiguen, sancionen y reparen integralmente las violaciones a estos derechos.
La iniciativa de la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y del legislador Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada del PAN, respectivamente, también busca que la Ley de Juventud del Estado de México tenga como objeto la formación y el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de su participación en la toma de decisiones de las políticas públicas, con un enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural en el estado, así como el ejercicio pleno de sus derechos.
Rocío Alexia Dávila resaltó la importancia de este sector, que representa más del 30 por ciento de la población mexiquense, equivalente a más de 5 millones 465 mil personas jóvenes de entre 12 y 29 años. En este sentido, afirmó que resulta contradictorio que enfrenten obstáculos para participar plenamente en las decisiones que determinan su destino.
El documento, leído por la proponente durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, establece entre los objetivos de la ley la creación de mecanismos que garanticen la participación de las personas jóvenes en la toma de decisiones sobre políticas públicas y el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, contempla definir los principios rectores de la política estatal con perspectiva de juventud, las facultades y competencias del Poder Ejecutivo estatal y los municipios en la materia, así como las bases para la participación de este sector en los ámbitos público, privado y social, a fin de proteger sus derechos y prevenir su vulneración.
La reforma reconoce a las personas jóvenes como actores sociales estratégicos para la transformación y el desarrollo de la entidad, y establece dos categorías de edad: jóvenes mayores, de 18 años cumplidos a menos de 30 años, y adolescentes, de 12 a 18 años.
No obstante, aclara que esta definición no sustituye los límites de edad previstos en otras leyes en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.
Por otro lado, incluye los siguientes principios rectores de la ley: perspectiva de la juventud, perspectiva de género, grupos vulnerables, enfoque de derechos, interculturalidad, igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión, acceso a una vida libre de violencias y la accesibilidad.
Detalla que la perspectiva de juventud deberá estar integrada en el diseño e instrumentación de políticas públicas, partiendo de una visión sistémica e integral de respeto y cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales de las personas jóvenes, reconocidas como actores y sujetos de los procesos que contribuyan al desarrollo equitativo e incluyente.
Los planes y programas dirigidos a las personas jóvenes promoverán en todo momento la perspectiva de género, entendiéndose como la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades independientemente del género de cada persona.
También se tomarán en cuenta las condiciones particulares de las personas jóvenes en los diferentes grupos de población, con el propósito de garantizar el ejercicio igualitario de todos sus derechos.
De igual forma, se reconocerá a las personas jóvenes como titulares de derechos por el solo hecho de serlo, así como la obligación de las instituciones del Estado de garantizar su pleno ejercicio y desarrollo integral. Además, se les reconocerá como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.
En materia de interculturalidad, se promoverá el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural mediante el intercambio equitativo y la igualdad de oportunidades, así como el desarrollo de una ciudadanía que valore su identidad y respete las diferencias. También se fomentará la recuperación de la memoria histórica y cultural de las comunidades como elemento fundamental de la dignidad y la soberanía de los pueblos.
Asimismo, se deberá garantizar la igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; así como la igualdad de trato entre las juventudes, pues todas tienen los mismos derechos e igual dignidad y ninguna debe ser discriminada en relación con otra.
La inclusión deberá entenderse como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación de las y los jóvenes en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades.
Además, las políticas públicas garantizarán que no sufran ningún tipo de daño físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico o moral, tanto en el ámbito público como en el privado, para lograr el pleno acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
Por último, se garantizará que las personas jóvenes tengan la posibilidad real de ingresar y permanecer de manera segura, cómoda y autónoma en espacios, programas y oportunidades.
Critica Joanna Felipe operativo contra obra de teatro infantil
Tras relatar que el pasado 2 de noviembre se realizó un operativo policial para suspender una obra de teatro infantil que organizó en el fraccionamiento San Antonio, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) pidió que quedara asentada en el Diario de Debates del Congreso mexiquense su condena a lo que consideró un uso desproporcionado de la fuerza pública contra familias, niñas y niños.
En sesión deliberante del Congreso mexiquense, la legisladora refirió que en el operativo participaron más de 150 elementos policiales, con 35 patrullas, además del grupo táctico especializado de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli y la Guardia Nacional. Señaló que se registraron enfrentamientos e inconformidades de padres de familia que, a su consideración, pudieron evitarse, por lo que informó que presentó denuncias por estos hechos, además de los pronunciamientos realizados a título personal y por el Comité Directivo Estatal del PAN.
