• La diputada Daniela Ballesteros (morena) propuso fortalecer la protección patrimonial de las personas adultas mayores frente al abuso familiar, el despojo y el aprovechamiento indebido de relaciones de confianza.
• La iniciativa plantea ampliar la definición de violencia patrimonial, proteger la autonomía de este sector poblacional en contratos y establecer la violencia familiar como causa para solicitar la revocación de donaciones.
La legisladora Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) formuló una iniciativa para proteger el patrimonio de las personas adultas mayores frente al abuso familiar, el despojo y el aprovechamiento indebido de relaciones de confianza, sin limitar su autonomía ni su derecho a decidir sobre sus bienes.
En ese sentido, señaló que su propuesta busca que este grupo poblacional conserve su independencia y disfrute de lo que ha construido a lo largo de su vida, sin quedar desprotegido cuando su patrimonio, tranquilidad o dignidad se vean amenazados, incluso dentro de su propia familia.
El proyecto presentado en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense amplía el reconocimiento de la violencia patrimonial al incluir conductas mediante las cuales una persona aprovecha relaciones de parentesco, confianza, cuidado, apoyo o dependencia para inducir, obtener o ejecutar actos de administración, disposición, gravamen o transmisión de bienes y derechos en perjuicio de otra persona.
Comprende también cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia, la autonomía patrimonial o la libre disposición de bienes y derechos mediante la sustracción, retención, ocultamiento, disposición o administración indebida de estos.
Asimismo, el documento precisa que la edad, por sí sola, no podrá considerarse una presunción de incapacidad, dependencia o falta de aptitud para administrar o disponer de sus bienes.
En materia contractual, el proyecto indica que cuando una persona aproveche la ignorancia, inexperiencia, miseria o estado de necesidad de otra, o una situación de dependencia o relación de confianza, cuidado o apoyo, para obtener un lucro excesivo y evidentemente desproporcionado, la persona perjudicada podrá solicitar la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación.
Añade que, tratándose de contratos en los que una de las partes sea una persona adulta mayor, la existencia de lesión deberá valorarse atendiendo a las circunstancias concretas del caso y con perspectiva de persona mayor, sin que la edad, por sí sola, constituya presunción de incapacidad, dependencia, ignorancia, inexperiencia o vicio del consentimiento.
La iniciativa plantea que las donaciones puedan revocarse cuando quien las recibe ejerza violencia familiar contra la persona donante. En el caso de personas adultas mayores, se incluyen conductas como abandono físico o moral, explotación, despojo, violencia patrimonial y aprovechamiento indebido de relaciones familiares o de confianza que afecten su dignidad, integridad, autonomía o patrimonio. Además, especifica que no será necesario contar con una sentencia penal condenatoria previa para solicitar la revocación.
El texto señala que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, la entidad contaba con 2 millones 390 mil 564 personas adultas mayores, cifra que resalta la importancia de fortalecer los mecanismos jurídicos para proteger sus derechos y patrimonio.
