La LXII Legislatura mexiquense estudiará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone establecer que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, participen en la investigación de delitos.

Lo anterior permitirá, de acuerdo con la propuesta, consolidar un modelo de seguridad que integre la persecución del delito, la atención a sus causas, la recuperación del espacio público y el desarrollo de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social.

El documento, que plantea armonizar la Constitución Política local con la carta magna federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que las instituciones policiales del Estado auxiliarán al Ministerio Público en el cumplimiento de sus atribuciones.

Asimismo, precisa que la seguridad pública es una función concurrente entre la Federación, el Estado y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, los derechos, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo previsto en la Constitución local y las leyes en la materia.

La iniciativa, leída por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) durante la sesión de la Diputación Permanente, señala que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos; la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sentencias; la reinserción social de las personas sentenciadas, así como la sanción de las infracciones administrativas, en términos de ley y dentro de la competencia correspondiente.

Además, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá bajo los principios de autonomía, el amor a la patria, el federalismo cooperativo, la protección de la persona, su dignidad y el respeto a los derechos humanos reconocidos en las constituciones federal y estatal, y tratados internacionales.

Por último, detalla que el Sistema Estatal de Seguridad Pública se integrará conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia.

La necesidad de esta reforma, resala el documento, se sustenta en el contexto actual de inseguridad que enfrenta la entidad, dado que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 71.3 por ciento de la población mexiquense identifica a la inseguridad como uno de los principales problemas, lo que confirma la urgencia de fortalecer el marco normativo y las capacidades institucionales en la materia.