Resultado de la convocatoria de la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense, se integró la Red de Agua del Estado de México, una organización de personas activistas, delegadas, representantes de comunidades, ciudadanía, asociaciones civiles y contralorías ciudadanas de las distintas regiones de la entidad, cuyas primeras acciones serán la solicitud de estudios de calidad del agua y la eventual presentación de amparos colectivos, con base en el derecho al líquido.

“Es el comienzo de la lucha real por el tema del agua en todo el Estado de México, de la recuperación del agua, porque cada uno representa un número importante de habitantes”, subrayó la legisladora en una reunión con personas provenientes de los municipios de Toluca, Tejupilco, Tepetlaoxtoc, Lerma, Tultepec, Temascalcingo, San José del Rincón, Atenco, Capulhuac y Naucalpan.

La parlamentaria adelantó que se realizarán conferencias con especialistas, cuyas conclusiones serán trasladadas a contenidos informativos didácticos para socializar el impacto de la crisis hídrica en el ámbito ambiental, económico y social, así como valorar alternativas de modelos de gestión, al tiempo que llamó a realizar una campaña permanente de concientización en redes sociales con la etiqueta: #ElAguaEsVida.

“Hoy estamos sumados todos: el sector empresarial, el campo, las y los ciudadanos, las autoridades federales, estatales y municipales. Estamos, por primera vez, en esta tesitura de tratar de solucionar”, aseguró la diputada.

Tras la firma de la primera minuta de esta nueva red, la legisladora recordó la reciente aprobación de reformas para incrementar las penas por tala clandestina y regularizar los sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico. Ambos dictámenes, detalló, incluyeron iniciativas del Grupo Parlamentario del PVEM.

En este sentido, informó que presentó una iniciativa para que el delito de extracción ilegal del agua, con fines de lucro, sea tipificado como delito grave, para que se persiga por oficio y no por querella, así como que se apliquen las sanciones de acuerdo con los daños que generen a las personas.

Durante la reunión, las personas asistentes expusieron problemáticas como la contaminación, escasez, robo de agua, descargas residuales, disputa sobre la administración de los recursos hídricos entre comunidades, presuntas concesiones irregulares, reconocimiento de comisiones ciudadanas de cuencas, infraestructura insuficiente y falta de mantenimiento en las redes de suministro.