Al considerar la necesidad de establecer una regulación más estricta y revisiones anuales rigurosas a las personas particulares que ostentan permisos para el manejo y distribución de agua potable, la bancada del PRD formuló modificaciones a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, en materia de temporalidad y evaluación de las concesiones, disminuyendo el plazo de estas de 30 a 15 años.

La iniciativa de la legisladora Araceli Casasola Salazar y el diputado Omar Ortega Álvarez, promueve, a través de la regulación, un uso responsable del agua para contribuir a la protección del medio ambiente, la equidad en el acceso y la garantía de la sustentabilidad en el largo plazo, asegurando que este recurso vital sea un bien común al servicio de la vida y el desarrollo integral de las comunidades.

El documento puntualiza que la figura de la concesión es el acto administrativo en el que el Estado, mediante un marco legal específico, transfiere a un particular o empresa el derecho a explotar, gestionar o utilizar un bien o servicio público, bajo determinadas condiciones y por un tiempo limitado. Por ello, debería funcionar como un instrumento de eficiencia y modernización, pero en la práctica ha enfrentado desafíos de transparencia, control y sostenibilidad.

La propuesta también plantea que la Secretaría del Agua revise periódicamente los planes y programas estatales, municipales o comunitarios que tengan por objeto el cumplimiento de los derechos humanos al agua y saneamiento.

De igual manera prevé que la Comisión del Agua del Estado de México realice anualmente una revisión de las concesiones otorgadas, para determinar el porcentaje de los volúmenes concesionados que deberá reducirse para eliminar progresivamente la sobreexplotación y el acceso inequitativo a las aguas. Dicha revisión tendrá por objeto la restauración sustentable de los volúmenes de aprovechamiento de este recurso.

De acuerdo con el legislador Omar Ortega, este régimen de control periódico incentivaría a los concesionarios a invertir en la modernización de sus infraestructuras y en tecnologías más eficientes, promoviendo una gestión que considere la rentabilidad y sustentabilidad.

Llama Javier Cruz a denunciar por aprovechamiento ilícito de agua

Al exponer que diversas instituciones federales y estatales de seguridad aseguraron un predio en el municipio de Valle de Bravo, ubicando 10 presas captadoras de agua fuera de la norma, generando diversos daños ambientales, el diputado Javier Cruz Jaramillo (morena) llamó a la población afectada por este caso, y otros similares, a presentar las denuncias respectivas, a fin de que la autoridad realice las indagatorias necesarias y sancione a las personas responsables.

En este sentido, lamentó que aún no tenga respuesta el llamado que hizo a las secretarías del Agua, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Campo, así como a la Comisión del Agua del Estado de México, para que elaboren un diagnóstico sobre la contaminación del río San Juan Acatitlán, en Luvianos.

También criticó que, aun cuando desde el sur de la entidad se lleva agua a los valles de México y Toluca, esa región no es atendida, y advirtió que diversas organizaciones sociales amagan con tomar instalaciones de la Comisión Nacional del Agua y de empresas mineras que contaminan las fuentes de agua nativas.

Al respecto, el legislador Maurilio Hernández González (morena), presidente de la Directiva, explicó que los exhortos se remiten a su destinatario y que deben dar respuesta.