La diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) propuso expedir la Ley de Nomenclatura y Placas Conmemorativas del Estado de México y Municipios, para que los nombres de los bienes del Estado, como las calles y lugares públicos, estén relacionados con raíces culturales o una figura sobresaliente en el arte, deporte, ciencia o la tecnología, cuyas acciones fueron a favor de la comunidad, además de que se tenga un consenso social.

La propuesta explica que, de esta manera, se procuraría que los nombres no sean asignados a personas servidoras públicas en funciones o ex servidoras públicas que se vinculen a actos delictivos, como corrupción, saqueo, represión o antivalores.

Así como que se tenga la posibilidad de cambiar la nomenclatura cuando se acreditara que dichos personajes realizaron actos en contra del país, el Estado de México o la comunidad, y si esto no fuera posible por razones administrativas o de interés superior, se asiente una placa donde se haga referencia a las conductas y acciones que dichos personajes realizaron “en contra del pueblo”.

El proyecto de ley establece la imposibilidad de aplicar los nombres de personas que desempeñen funciones municipales, estatales o federales, ni de sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado durante el periodo de su gestión, o dentro del primer año de haber dejado el cargo, ni de personas que hayan cometido delitos graves.

La normatividad propuesta añade que la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y un Consejo de Nomenclatura serán quienes, después de un análisis, pondrán los nombres a los bienes, mediante una convocatoria pública y un procedimiento en el que pueden participar las entidades, dependencias, los poderes del Estado, así como organismos autónomos y sociedad civil.

En lo que respecta a los municipios, se creará la figura de “Comité de Nomenclatura”, a través del cual la ciudadanía podrá manifestar sus necesidades, inquietudes, solicitudes y propuestas relativas a los nombres, asignación, sustitución y placas conmemorativas dentro de su territorio o demarcación, y será el encargado de implementar el procedimiento, sometiendo al cabildo la propuesta para su discusión y aprobación.

De igual manera, se instituyen los principios y lineamientos que deben reunir las personas nominadas para que estén directamente relacionados con el rescate de las raíces, el cuidado de los recursos naturales y que corresponda a personajes, fechas o eventos históricos plausibles, o se refiera a una figura que haya destacado, procurando que se incluyan los nombres y toponimia de pueblos prehispánicos para nombrar las nuevas obras públicas o sitios del patrimonio estatal.

Asimismo, aquellas o aquellos ciudadanos que se sientan agraviados por la denominación de una escuela, hospital, calle o cualquier bien público tendrían la oportunidad de acudir a las instancias correspondientes y pedir se activen los mecanismos para el cambio de nombre o para la instalación de la placa correctiva correspondiente.