Congresistas respaldan sanciones por manejo no autorizado de cadáveres

Congresistas de morena, PT y PAN respaldaron la propuesta de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) para sancionar con hasta 12 años de prisión el manejo no autorizado de cadáveres, partes o restos humanos de personas no identificadas, al coincidir en que la medida contribuirá a que las familias de personas desaparecidas o fallecidas tengan certeza sobre el destino de sus familiares.

En reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la LXII Legislatura mexiquense, la proponente, así como el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) y las diputadas Jennifer Nathalie González López (morena); Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), coincidieron en que los municipios asuman la responsabilidad sobre los crematorios y los servicios funerarios, como ya lo hacen con los panteones.

Estos dos aspectos, señalaron, coadyuvarán a contar con un control minucioso de los cuerpos, dado que en la entidad hay cerca de 14 mil personas desaparecidas y no localizadas, cuyos cuerpos pudieron haber sido incinerados, destruidos, desintegrados o sepultados, reduciendo las posibilidades de obtener indicios para las familias.

La diputada autora de la iniciativa detalló que los 10 municipios con mayor número de personas en esta condición son Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

En este sentido, puntualizó que el proyecto legislativo, elaborado en conjunto con el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, busca establecer una pena privativa de libertad para quien, sin permiso de la autoridad, ordene o realice la cremación, ocultamiento, destrucción, mutilación, sepultura o exhumación de un cadáver, partes o restos humanos de personas sin identificar.

Precisó que la propuesta busca añadir expresamente en la Ley Orgánica Municipal la responsabilidad de los municipios en los crematorios y servicios funerarios. En cuanto al Código Penal estatal, explicó que se pretende homologarlo con el federal e imponer, además, una pena de seis meses a dos años de prisión a quien incinere un cadáver, un feto, partes o restos humanos, sin los requisitos que exige la ley, así como establecer que quienes reciban estos servicios estén plenamente identificados.

En su participación, Jennifer González señaló que la falta de armonización en la terminología de la iniciativa puede generar distintas interpretaciones del tipo penal y afectar los principios de legalidad, seguridad jurídica y técnica legislativa.

Octavio Martínez explicó que la Constitución federal faculta a los ayuntamientos para prestar el servicio de panteones y que algunos también ofrecen cremación y llevan registros de las personas atendidas. Por ello, propuso una siguiente mesa de trabajo con el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios, el Instituto Hacendario del Estado de México y la Secretaría de Salud de la entidad, para analizar cómo robustecer la iniciativa y atender la preocupación planteada.

Ana Yurixi Leyva cuestionó cómo se relacionaría la iniciativa con la reglamentación existente y con los requisitos del sector salud sobre cuándo debe incinerarse o sepultarse un cuerpo, por lo que secundó la idea de realizar una segunda reunión para enriquecer el proyecto legislativo y asegurar que la autoridad judicial cuente con mejores mecanismos para atender la problemática.

Finalmente, Emma Alvarez, quien presidió la reunión, manifestó que la desaparición de cadáveres cometida por particulares o con complicidad institucional ocasiona un daño continuado a las familias e indicó que la reforma debe contribuir a cerrar vacíos legales que favorecen la impunidad y el borrado de evidencias.

La iniciativa señala que México tiene un registro, con corte al 30 de abril pasado, de 133 mil 563 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 14 mil 665 corresponden al Estado de México, lo que representa el 11 por ciento.