• El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) que coordina el diputado José Couttolenc propuso que el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas se coordine con personas y colectivos de buscadores para robustecer esta tarea.
• La iniciativa, presentada por la diputada Miriam Silva (PVEM), plantea que la Comisión de Búsqueda de Personas estatal elabore y actualice el catálogo de personas buscadoras, que se incorporen representantes de este sector al Consejo Estatal Ciudadano, que se facilite su acceso a recursos del Fondo Estatal de Desaparición y que la Fiscalía de Personas Desaparecidas permita su participación como observadoras en esta labor.
Para reconocer legalmente la labor de las personas buscadoras de personas desaparecidas o no localizadas, fortalecer sus derechos y garantizarles protección institucional, el Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, propuso que el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas establezca vínculos de colaboración con ellas y con los colectivos de búsqueda.
En sesión de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) presentó la iniciativa para que la Comisión de Búsqueda de Personas estatal elabore y mantenga actualizado un catálogo de personas buscadoras, se incorpore su representación al Consejo Estatal Ciudadano y se facilite su acceso a recursos del Fondo Estatal de Desaparición. También plantea que la Fiscalía de Personas Desaparecidas permita su participación como observadoras en las diligencias relacionadas con esta labor.
Al presentar la propuesta de reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México y a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, la legisladora señaló que la desaparición en México no es una suma de casos aislados sino una crisis que golpea a familias y comunidades enteras, por lo que quienes buscan no deben seguir asumiendo solas esta actividad y enfrentando riesgos.
Mencionó que familias de las víctimas muchas veces se enfrentan a respuestas insuficientes, procesos lentos y obstáculos que prolongan su sufrimiento, por lo que se han visto obligadas a emprender la búsqueda de sus seres queridos por cuenta propia. Detalló que, desde 2019, más de 25 mil 111 madres iniciaron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos.
Expuso que entre febrero de 2011 y mayo de 2025, Amnistía Internacional reportó que 30 familiares y allegadas a personas desaparecidas fueron asesinadas, 16 de las cuales eran mujeres. Aunado a esto, señaló, las buscadoras pasan por dificultades económicas y de salud derivadas de este accionar.
Por ello, en su propuesta legislativa dispone que, entre los objetos del mecanismo de coordinación citado, se establezcan medios de coordinación y colaboración con las personas buscadoras, de manera individual o a través de colectivos, para incorporar sus experiencias, conocimientos y propuestas en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
El documento solicita que la Comisión de Búsqueda referida genere y conserve al día el catálogo estatal de personas buscadoras para conocer su integración, ubicación y medios de contacto, e incorpore al Consejo Estatal Ciudadano tres representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos o personas buscadoras de personas desaparecidas o no localizadas.
Asimismo, que quienes buscan puedan solicitar el acceso a los recursos del fondo de desaparición para la adquisición, arrendamiento o disposición de equipo, herramientas, insumos y demás bienes necesarios para el desarrollo de acciones de búsqueda. Para ello, la comisión establecerá los mecanismos, requisitos y procedimientos para la recepción, evaluación y atención de las solicitudes.
Aparte, propone que la Fiscalía de Personas Desaparecidas establezca mecanismos de vinculación y participación de las buscadoras o colectivos, en calidad de observadoras ciudadanas, en las diligencias y actuaciones relacionadas con la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
