• La diputada Emma Alvarez (PAN) propuso en el Congreso mexiquense que las autoridades de salud garanticen atención médica especializada y seguimiento a menores de edad que presenten el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), a fin de que puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la comunidad.
• La iniciativa, que suscribe también el diputado Pablo Fernández, plantea que las autoridades educativas les aseguren acceso y permanencia en las escuelas.
• Prohíbe en el ámbito escolar condicionamientos discriminatorios en su contra y pide brindarles apoyos pedagógicos, así como otorgar respaldo institucional a sus familias.
La legisladora Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) propuso en el Congreso mexiquense que las autoridades de salud garanticen atención médica especializada y seguimiento a menores de edad que presenten el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y que las de educación les aseguren el acceso y la permanencia en las escuelas, a fin de que puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la comunidad.
Suscrita además por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada del PAN, la propuesta establece la prohibición de condicionamientos discriminatorios en su contra en los espacios escolares y pide brindarles apoyos pedagógicos, así como que las autoridades estatales y locales otorguen respaldo institucional a sus familias.
En su exposición, la legisladora compartió que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal atendió, entre enero y septiembre de 2025, 11 mil 926 consultas en la Clínica de Salud Mental ‘Ramón de la Fuente’, que incluyeron casos de TDAH, aunque afirmó que no se cuenta con un dato puntual.
En este marco, la iniciativa plantea reformas a las leyes de Salud, de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que la Secretaría de Salud genere y coordine una ruta de atención integral para niñas, niños y adolescentes con esta condición en sus diversas variantes.
Para esto, entre otras acciones, operará mecanismos de orientación, detección oportuna, valoración clínica, referencia, contrarreferencia y seguimiento, con criterios de oportunidad y continuidad de la atención; y proporcionará información accesible y orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y a las personas cuidadoras, sobre los servicios disponibles y el acompañamiento familiar.
Asimismo, impulsará la capacitación del personal de salud en detección, diagnóstico diferencial, atención y seguimiento del trastorno, conforme a sus funciones, y coordinará con las autoridades educativas y de protección de derechos los mecanismos de canalización y seguimiento que resulten necesarios.
Para el ámbito educativo, dispone, principalmente, que las autoridades del ramo garanticen medidas de inclusión para estas infancias y adolescencias, a las que se sujetarán las escuelas privadas.
Esto se atenderá con un plan de apoyo educativo individualizado cuando resulte necesario, con participación del educando, conforme a su edad y madurez, de su familia y del personal escolar competente; y con capacitación y acompañamiento progresivos al personal docente, directivo y de apoyo, con participación de profesionales competentes.
Igualmente, la autoridad competente articulará la intervención de las unidades de servicios de apoyo a la educación regular y de los demás servicios de educación especial, incluidos los centros de atención múltiple, cuando corresponda, para fortalecer los apoyos escolares y la orientación a las familias, aunque el diagnóstico de la condición, por sí solo, no determinará la canalización a uno de estos espacios.
Adicionalmente, prohíbe negar o condicionar la inscripción escolar, la permanencia, la participación o la evaluación por el solo diagnóstico o por necesidades de apoyo asociadas a este.
El documento precisa que quienes presentan el trastorno tienen derecho a recibir atención integral, oportuna, individualizada y libre de discriminación, y que corresponde a las autoridades estatales y locales colaborar para facilitar la orientación a las familias y personas cuidadoras, la canalización a servicios de salud, el seguimiento de la atención y el acceso a los apoyos institucionales respectivos.
Estipula que, en las decisiones sobre su atención, se escuchará y tomará en cuenta su opinión de acuerdo con su edad, desarrollo y madurez; que tienen derecho a la inclusión educativa, a los apoyos pedagógicos y, cuando procedan, a los ajustes razonables que requieran para su acceso, permanencia, participación y aprendizaje; así como que las procuradurías de protección a este sector intervendrán, conforme a sus facultades, cuando existan posibles restricciones o vulneraciones de estos derechos.
