• El Grupo Parlamentario MC (GPMC), coordinado por el diputado Juan Zepeda, propuso al Congreso mexiquense que, para determinar el derecho de alimentos y sus montos, cuando se trate de menores, se consideren las circunstancias de cada caso y se incluyan los gastos razonables y necesarios para el acceso, la permanencia y la continuidad de su trayectoria educativa.
• Al presentar la iniciativa, la diputada Maricela Beltrán (MC) detalló que, para fijar la pensión correspondiente, se atenderán el interés superior de la niñez, las necesidades acreditadas de la persona acreedora y las posibilidades económicas de quien deba proporcionarla.
En el Congreso mexiquense, el Grupo Parlamentario MC propuso que, para determinar el derecho de alimentos y sus montos en casos de menores de edad, se consideren sus circunstancias particulares y se incluyan los gastos razonables y necesarios para el acceso, la permanencia y la continuidad de su trayectoria educativa, como materiales y útiles, transporte escolar, recursos de conectividad y apoyos de accesibilidad o ajustes vinculados con alguna discapacidad.
De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos estatales, la determinación de la pensión respectiva se sujetará al interés superior de la niñez, a las necesidades acreditadas de la persona acreedora y a las posibilidades económicas de quien deba proporcionarla, sin presumir una obligación general de costear servicios privados ni excluir su valoración cuando resulte justificada.
La propuesta, presentada en sesión deliberante por la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC), solicita que, para fortalecer la protección de estas erogaciones, las autoridades estatales y municipales promuevan mecanismos de orientación y acompañamiento a las personas beneficiarias para asegurar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes cuyo acceso o permanencia escolar se encuentre en riesgo por controversias familiares, incumplimiento de obligaciones alimentarias u otras situaciones que afecten sus derechos.
El proyecto legislativo de la bancada que coordina el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández dispone que las autoridades educativas, el Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y sus instancias municipales, las procuradurías de protección competentes y los servicios públicos de orientación y defensa jurídica se coordinen para identificar riesgos, proporcionar información accesible sobre derechos y servicios disponibles y realizar, cuando proceda, la canalización oportuna a la autoridad competente de los casos que conozcan.
Esta atención, por otra parte, observará el interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, la no discriminación, la accesibilidad, la confidencialidad y la prevención de la revictimización. La recopilación e intercambio de datos personales, asimismo, se limitará a los estrictamente necesarios para la finalidad legal correspondiente. Por último, esto no modificará reglas de competencia, plazos, medidas provisionales, práctica de pruebas o cualquier otra disposición procesal civil o familiar, ni condicionará el acceso o permanencia en instituciones educativas a la presentación de una demanda judicial.
En su participación en tribuna, la legisladora puntualizó que garantizar los alimentos no debe entenderse únicamente como cubrir las necesidades básicas de la supervivencia, sino también proteger las condiciones que permitan a las y los menores desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos, como el derecho a la educación. En este sentido, aseveró que los conflictos familiares no deberían determinar hasta dónde pueden llegar.
Además, explicó que, debido a que las infancias y adolescencias viven realidades distintas según sus entornos urbanos, rurales, metropolitanos o indígenas, la iniciativa se refiere solo a gastos necesarios, razonables y acreditables, en lugar de imponer una cantidad fija o una obligación indiscriminada de financiar educación privada.
