Congreso pide al OSFEM revisar recursos para combatir feminicidio y desaparición

La LXII Legislatura mexiquense exhortó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a realizar auditorías de cumplimiento y desempeño sobre el ejercicio de los recursos públicos estatales destinados, mediante el presupuesto de egresos, a los 11 municipios con alertas de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición.

El exhorto, propuesto por la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) —al que se sumó la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) — y aprobado en sesión deliberante, solicita también al OSFEM informar los resultados de las revisiones a la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso estatal. 

Las localidades alertadas son: Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde tribuna, la legisladora expuso que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2026 asignó 260 millones de pesos (mdp), de los cuales 210 mdp son ejercidos directamente por los municipios alertados, mientras que los 50 mdp restantes corresponden a la Secretaría de las Mujeres del gobierno estatal.

Señaló que detrás de cada peso etiquetado existe una responsabilidad pública: prevenir la violencia, fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los mecanismos de atención, contribuir a la búsqueda de mujeres y niñas, generar condiciones de seguridad y, sobre todo, proteger vidas, por lo que resulta indispensable revisar cómo se ejercen los recursos públicos destinados a estas acciones.

En su oportunidad, la parlamentaria Ana Yurixi Leyva advirtió que no se trata de cuestionar a las demarcaciones alertadas, sino de conocer las metas y los resultados reales. 

Posteriormente, la proponente explicó que, de acuerdo con fuentes hemerográficas y trabajos de la comisión legislativa, se han identificado subejercicios de recursos en algunos municipios, así como la falta de criterios para distinguir entre aquellos que cumplen con las acciones prioritarias y los que presentan rezagos. Por ello, consideró necesario verificar que los recursos se destinen a los programas y modelos de atención previstos, además de evaluar sus resultados y no únicamente su comprobación administrativa.

Por otra parte, reconoció la disminución de los feminicidios en la entidad, al pasar de 156 casos, en 2020, a 55, en 2025, y durante los nueve meses de 2026, a 38. Sobre ello, indicó que son avances importantes que deben reconocerse y no se entenderían sin el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha asumido, refirió, un compromiso real, humano y permanente para erradicar la violencia contra las mujeres y transformar la atención institucional.

No obstante, aclaró que esta reducción no permite, por sí misma, establecer una relación directa con el ejercicio de los recursos destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Por ello, enfatizó la necesidad de contar con información objetiva que permita conocer qué recursos se ejercieron, en qué se utilizaron, cuáles fueron los resultados obtenidos y qué acciones tuvieron un impacto efectivo en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.