• La diputada María del Consuelo Estrada (PT) propuso establecer medidas de seguridad vial escolar adaptadas a las características y riesgos de cada zona, que integren cinco dimensiones: seguridad, accesibilidad, prevención, prioridad peatonal y protección reforzada.
• La propuesta contempla diagnósticos municipales, atención prioritaria de las zonas de mayor riesgo y participación de la comunidad educativa.
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La diputada María del Consuelo Estrada Plata (PT) propuso establecer medidas específicas para identificar y atender los entornos escolares, considerando las características particulares de cada zona y los riesgos identificados. Estas medidas incluirán cinco dimensiones esenciales: seguridad, accesibilidad, prevención, prioridad peatonal y protección reforzada.
La iniciativa formulada en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense establece que estas medidas no responderán a un modelo uniforme de infraestructura, sino a uno de intervención adaptable a los riesgos y características de cada plantel educativo.
La propuesta detalla que los municipios deberán implementar programas especiales de seguridad vial en los entornos escolares y puntos de alta afluencia de personas. Estos programas deben incluir acciones de diagnóstico y prevención, pacificación del tránsito, accesibilidad, infraestructura vial y peatonal, así como señalización y demás medidas necesarias para proteger a las personas usuarias de la vía.
Al respecto, la legisladora señaló que las y los estudiantes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad en el entorno vial, debido a que su desarrollo físico y cognitivo aún está en proceso, por lo que requieren medidas de protección específicas durante sus desplazamientos cotidianos.
El proyecto legislativo, que propone modificar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, incorporaría el derecho de las personas usuarias de las vías a contar con infraestructura necesaria para su movilidad, desplazamiento o circulación seguros, especialmente en los entornos escolares y demás zonas de alta concentración peatonal.
También plantea que cuenten con infraestructura peatonal, cruces, señalización y dispositivos de control de tránsito adecuados a las características y nivel de riesgo de cada zona.
Para dar cumplimiento a estas disposiciones, la iniciativa propone definir los entornos escolares seguros como espacios públicos ubicados en las inmediaciones de los centros educativos y sus principales rutas de acceso, donde se implementen medidas de movilidad, infraestructura, gestión vial, accesibilidad y prevención para proteger a la comunidad educativa.
Respecto a su identificación y diagnóstico, establece que las autoridades competentes considerarán la presencia y concentración de niñas, niños y adolescentes; los flujos peatonales, ciclistas y vehiculares; las características de las vialidades y velocidades de circulación; las condiciones de banquetas y cruces; la señalización y accesibilidad; el transporte público, privado y escolar; las zonas de ascenso y descenso; los antecedentes de siniestros viales, así como la iluminación y visibilidad.
Añade que, una vez identificadas las necesidades de cada entorno, las autoridades competentes podrán implementar medidas específicas como la pacificación del tránsito y gestión de la velocidad, el mejoramiento de cruces peatonales, la adecuación de infraestructura peatonal, la señalización, el ordenamiento de las zonas de ascenso y descenso, el control de obstáculos, la accesibilidad universal, la iluminación y la infraestructura ciclista.
El documento también señala la coordinación de las autoridades estatales y municipales para identificar, diagnosticar, intervenir y evaluar los entornos escolares seguros. Las medidas se aplicarán progresivamente, de acuerdo con el nivel de riesgo, las características territoriales y urbanas de cada zona y la disponibilidad presupuestaria.
En los artículos transitorios se establece que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, las autoridades municipales competentes tendrán que iniciar la identificación y diagnóstico de los entornos escolares de su territorio, priorizando aquellos que presenten mayores condiciones de riesgo. Además, los ayuntamientos procurarán mecanismos de participación de estudiantes, madres, padres, personas tutoras, docentes y personal de los centros educativos en estos procesos.
La propuesta considera la magnitud de la siniestralidad vial en la entidad pues, de acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 el Estado de México registró 20 mil 685 accidentes de tránsito, que dejaron 3 mil 530 personas heridas y 462 fallecidas.
Además, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), reportan que entre 2020 y 2023 fallecieron 297 niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años en hechos de tránsito en la entidad.
La iniciativa ciudadana fue impulsada por Lidia Noemí Castillo García, Miguel Olaf Cortés Monroy, Itzel Martínez García, Diego Romero Arredondo y Guadalupe Jiménez García, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y presentada por la diputada María del Consuelo Estrada Plata.
