Con el fin de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda digna y adecuada, la diputada María José Pérez (morena) propuso que, en la renovación de los contratos de renta, el incremento no exceda el índice anual inflacionario.
Propone también que, en caso de que la inflación sea de dos dígitos, el incremento no sea mayor al 10 %.
La legislación vigente admite subidas de hasta el 10 %, pero el promedio de la inflación de los últimos 10 años fue de 4.06 %, aseveró.
A fin de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda digna y adecuada en sus vertientes de asequibilidad y seguridad en la posesión, la diputada María José Pérez Domínguez (morena) propuso que, en la renovación del contrato de arrendamiento de vivienda, el incremento de la renta no exceda el índice anual inflacionario reportado por el Banco de México, correspondiente al año anterior a la renovación.
La iniciativa de reforma al Código Civil estatal plantea que, para esta renovación o novación (figura legal que permite modificar una obligación jurídica antigua por una nueva, extinguiendo la primera en el proceso) de contrato, en el caso de que el índice anual inflacionario sea de dos dígitos, el incremento no podrá ser mayor al 10 por ciento.
Actualmente el código citado establece que, en la renovación del contrato de arrendamiento de vivienda, el incremento de la renta no podrá exceder del 10 por ciento, sin embargo, este porcentaje, detalló la legisladora, excede el promedio de inflación anual de los últimos 10 años (4.06 por ciento). En ese periodo de 2016 a 2025, añadió, el pico inflacionario más alto fue de 6.77 por ciento, en 2017, provocado por el aumento al precio de las gasolinas, y el más bajo de 2.83 por ciento en 2019.
En este contexto, abundó, una subida de la renta de casa mayor a la inflación representa una carga financiera y económica para la persona arrendataria y su familia. “Si antes tenían un monto establecido para sufragar el gasto, ahora tendrán que destinar una mayor parte de sus sueldos a costearlo o, en el peor de los casos, se verán forzados a buscar otras opciones al ser impagable la nueva cantidad”, apuntó.
Además, recordó que el gobierno federal impulsa el Programa Nacional de Vivienda 2026–2030, el cual concibe a la vivienda como un derecho social y no como una mercancía, con el objetivo de reducir el rezago habitacional y facilitar que más personas y familias accedan a una vivienda propia. No obstante, apuntó que también son necesarias otras figuras jurídicas que permitan a las personas y familias disfrutar de una vivienda adecuada.
Por otra parte, afirmó que, dado el alto costo de una casa y otras limitantes para adquirirla, el arrendamiento se convierte en una opción, lo que hace necesario proteger a los arrendatarios de los incrementos arbitrarios y desproporcionados, basados en las reglas del mercado, así como de los efectos de la inflación.
Lamentó que, actualmente, familias mexiquenses despierten cualquier día con la notificación de aumentos en sus rentas de hasta el doble o triple, sin previo aviso, sustento legal o mejoras al espacio habitado. Por ello, señaló que la iniciativa no busca impedir el libre mercado, sino proteger a la población de abusos y aumentos desproporcionados en detrimento de su economía.
