• El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para precisar en la Constitución estatal el requisito de nacionalidad única para ejercer la gubernatura.
• La iniciativa, leída por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT), establece que las personas aspirantes deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura y prohíbe adquirirla o solicitarla durante el ejercicio del cargo, para armonizar la legislación local con la Constitución federal.
• En otro tema, la LXII Legislatura también analizará autorizar a Chicoloapan un convenio con la CFE para regularizar adeudos por más de 58 millones de pesos.
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para precisar en la Constitución estatal el requisito de nacionalidad única para ejercer la gubernatura. La propuesta establece la obligación de no adquirir otra nacionalidad o, en caso de contar con ella, renunciar antes de solicitar el registro de la candidatura, así como la prohibición de obtenerla o solicitarla durante el ejercicio del cargo.
De esta manera, se busca armonizar la legislación local con lo dispuesto en la Constitución nacional, cuyo decreto, correspondiente al 7 de octubre de 2026, impide que quienes aspiren a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de las gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten con doble nacionalidad.
El documento, leído por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) en sesión deliberante del Congreso mexiquense, precisa que, desde 1998, el Estado de México incorporó a su carta magna el requisito de no contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana para ser persona gobernadora.
Sin embargo, considera necesario armonizar esta disposición con las reformas recientes a la Constitución federal, a fin de establecer que quienes cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
Asimismo, se busca establecer que quien ejerza dicho cargo de elección popular no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una distinta de la mexicana. Con ello, la prohibición no se limitaría al registro de las candidaturas, sino que se extendería a todo el periodo de ejercicio del cargo.
Se pretende que, como parte de esta prohibición, se considere el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.
La contravención de esta disposición se sancionaría en los términos del Título Cuarto de la Constitución nacional (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado), así como del Título Séptimo de la carta magna local (De la Responsabilidad de las y los Servidores Públicos del Estado, Patrimonial del Estado, del Sistema Estatal Anticorrupción y del Juicio Político).
Finalmente, el proyecto legislativo incorpora el uso de lenguaje incluyente, con el propósito de visibilizar la participación de las mujeres en el ejercicio de los cargos públicos y garantizar una redacción normativa a nivel constitucional acorde con los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.
La iniciativa señala que este requisito no debe entenderse como un cuestionamiento a la identidad, pertenencia o compromiso de las personas que cuentan con doble nacionalidad, sino como una condición vinculada objetivamente con la naturaleza y trascendencia de ciertas funciones públicas, que permita garantizar que quienes ejerzan determinadas responsabilidades institucionales mantengan un vínculo jurídico y político inequívoco con el Estado mexicano.
Cabe señalar que el pasado 30 de septiembre el Congreso mexiquense aprobó, en su calidad de Congreso Constituyente Permanente, la minuta de reforma constitucional correspondiente, enviada por el Senado de la República.
Estudiarán congresistas solicitud de Chicoloapan para regularizar adeudos con la CFE
El Congreso mexiquense estudiará una propuesta de la gobernadora para autorizar al ayuntamiento de Chicoloapan a suscribir un convenio de regularización de adeudos con CFE Suministrador de Servicios Básicos, por 58 millones 943 mil 943 pesos, a un plazo máximo de 45 meses. El acuerdo contempla una reducción del 50 por ciento de la deuda histórica, que asciende a 117 millones 887 mil 887 pesos.
El documento, leído por el legislador Edgar Samuel Ríos Moreno (morena), refiere que la cantidad estaría sujeta al esquema de pago ‘peso por peso’ y que las obligaciones derivadas del convenio se cubrirían con cargo y afectación o garantía de pago, mediante la retención de las participaciones federales susceptibles de ministración al municipio durante la vigencia del convenio.
De aprobarse por el Pleno legislativo, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y previa autorización del ayuntamiento, efectuaría las retenciones correspondientes. Debido a los compromisos presupuestarios multianuales, el municipio tendría que prever en cada ejercicio fiscal las adecuaciones necesarias para cumplir con sus obligaciones, previa aprobación del cabildo.
Además, el ayuntamiento inscribiría el convenio en el Registro de Deuda Pública del Estado de México y en el Registro Público Único, y debería observar las disposiciones en materia de disciplina financiera, obligaciones financieras, formalización de convenios de pago y registro correspondiente.
Adicionalmente, el ayuntamiento remitiría información periódica al Congreso mexiquense y proporcionaría al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la información correspondiente para efectos de la presentación y el análisis de la cuenta pública municipal.
El proyecto señala que este adeudo origina un rezago histórico que compromete la continuidad de los servicios y representa un impacto financiero importante para la hacienda municipal.
Recuerda que los convenios que impliquen compromisos financieros a largo plazo y excedan el periodo de las administraciones municipales requieren autorización del Congreso estatal. Por ello, el ayuntamiento de Chicoloapan solicitó al Ejecutivo estatal presentar la iniciativa correspondiente ante la LXII Legislatura mexiquense.
Por último, resalta que la Dirección General de Crédito de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas manifestó que el convenio, de acuerdo con los compromisos por afectaciones precedentes y las futuras, no supera el 30 por ciento de las participaciones, por lo que se encuentra dentro del límite legal que señala el Código Financiero estatal.
