La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) propuso establecer obligaciones claras para las autoridades estatales y municipales, con el fin de garantizar a niñas, niños y adolescentes en extrema vulnerabilidad el acceso a servicios médicos, psicológicos, educativos, jurídicos y sociales. También planteó emitir medidas de protección inmediata y fomentar su participación en las políticas públicas que los afecten.

La iniciativa también propone incluir a menores en condición de desplazamiento interno —aquellos que se ven forzados a abandonar sus hogares sin salir del país— en el catálogo de situaciones especiales previsto por la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con el propósito de establecer mecanismos efectivos para la protección y garantía de sus derechos.

Las y los menores en esta condición se incorporarían al catálogo de situaciones especiales que actualmente contempla la ley, el cual incluye a niñas, niños y adolescentes con madres o padres en situación de encarcelamiento; víctimas de trata de personas; adolescentes sujetos a procedimientos de justicia penal; menores en situación de calle; así como víctimas directas o indirectas de violencia familiar, feminicidio, tentativa de feminicidio, desaparición forzada o cometida por particulares, violencia sexual o cualquier otra forma de violencia que afecte gravemente su integridad física o psicológica.

El objetivo, refirió la legisladora, es incorporar de manera transversal la perspectiva de infancias y adolescencias, así como dar respuesta a fenómenos emergentes que afectan gravemente el tejido social, particularmente a menores en condiciones de extrema vulnerabilidad. Para lograrlo, añadió, se plantea aprovechar y fortalecer las estructuras gubernamentales existentes, garantizando un marco de atención integral, diferenciado y con perspectiva interseccional.

La reforma propone fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales mediante la coordinación entre los sectores público, social, privado y académico. También plantea capacitar y certificar al personal que los atienda, emitir medidas de protección inmediata y establecer protocolos unificados de actuación con enfoque de curso de vida para garantizar una respuesta oportuna.

Adicionalmente, se busca impulsar campañas de prevención e información, tanto en el ámbito público como privado, para identificar oportunamente las necesidades de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales, además de establecer mecanismos de consulta sobre las políticas públicas que incidan en su bienestar.

La iniciativa señala que, en el Estado de México, las niñas, niños y adolescentes representan el 19 por ciento de la población mexiquense, lo que equivale a aproximadamente 3.24 millones de personas de entre 0 y 17 años, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).