La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó la propuesta del diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (morena), para retirar las exenciones de responsabilidad a quienes encubran a personas investigadas o vinculadas a proceso por el delito de feminicidio, lo cual significa un paso firme hacia una justicia más justa, sin privilegios ni excepciones, de acuerdo a la presidenta de este órgano parlamentario, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN).

Durante la reunión, la parlamentaria subrayó que las relaciones afectivas o familiares no deben ser un refugio para quienes encubren un feminicidio, por lo que, de aprobarse por el Pleno legislativo las reformas al Código Penal estatal, se aplicarán sanciones de hasta ocho años de prisión y 300 días multa.

Cabe señalar que la legislación vigente contempla dispensas de responsabilidad para personas cónyuges, concubinas, ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales por consanguinidad (hasta el cuarto grado), por afinidad (hasta el segundo), o que estén ligadas con la persona responsable por respeto, gratitud o estrecha amistad, siempre que no lo hicieren por un interés ilegítimo ni emplearen algún medio delictuoso.

En este sentido, la diputada reconoció al proponente por su apertura, su escucha activa y su disposición para incorporar aportaciones de integrantes de esta comisión a su iniciativa, con el propósito de lograr un texto técnicamente sólido, humano y justo, toda vez que el acceso a la justicia no puede depender de vínculos, apellidos ni de silencios dolorosos.

Analizan propuesta sobre reparación de daño a menores

Por otro lado, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) explicó su iniciativa para establecer la reparación del daño en todo momento en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, sin que la acción prescriba; es decir, sin un plazo legal determinado para que la persona víctima o afectada pueda ejercer esta acción.

Precisó que el Código Civil estatal vigente contempla un plazo de dos años —contados a partir del día en que se haya producido el daño— para exigir la reparación cuando se trate de casos de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes.

La parlamentaria indicó que esta limitación temporal dificulta la posibilidad de reclamar derechos, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la acción de responsabilidad civil por daños derivados de violencia sexual a menores es imprescriptible, especialmente porque las víctimas pueden necesitar tiempo para procesar el daño y buscar justicia.

Al respecto, la legisladora Emma Laura Álvarez afirmó que su bancada se suma a esta iniciativa de reforma al mencionado ordenamiento, porque “detrás de cada caso de abuso, violencia o abandono hay una historia de dolor que muchas veces el tiempo no logra borrar”. En este sentido, subrayó que la justicia no puede tener fecha de caducidad cuando se trata de quienes no pudieron defenderse en su momento.