Para enfrentar la desigualdad en el acceso al agua y prevenir su robo, la diputada Miriam Silva Mata y el legislador José Alberto Couttolenc Buentello, integrante y coordinador de la bancada del PVEM, respectivamente, destacaron la necesidad de impulsar una nueva Ley de Aguas que garantice el derecho de todas las personas a disponer de este recurso.

En el Foro Internacional del Agua 2026, 'Unidos por una Justicia Hídrica', realizado en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, la congresista recordó que en febrero pasado presentó una iniciativa para expedir un nuevo ordenamiento en la materia.

Dicho proyecto establece la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua en condiciones de igualdad, evitar su explotación inequitativa por parte de terceros, priorizar el suministro en zonas rurales y urbanas desfavorecidas, e implementar políticas que aseguren un acceso asequible y libre de discriminación.

Este proyecto legislativo, que se encuentra en análisis por las comisiones del Congreso mexiquense, también busca sancionar el robo del suministro (conocido como ‘huachicoleo’ de agua), incorporar nuevos ilícitos y fortalecer la profesionalización de los organismos operadores municipales.

La legisladora, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso mexiquense, indicó que, con la propuesta—trabajada con la Secretaría del Agua estatal— se propone llevar el agua a toda la población que lo necesite. En este sentido, compartió que ha promovido litigios para garantizar el derecho al agua entre personas vecinas de Ecatepec.

Ante Pablo Espinosa Márquez, magistrado del Poder Judicial estatal, y Luis Reynaldo Vera Morales, especialista en cuestiones socioambientales, el diputado José Alberto Couttolenc reconoció el liderazgo de la legisladora Miriam Silva por haber ganado más de 17 amparos colectivos en beneficio de más de ocho mil personas de Ecatepec que reclamaban este derecho.

Tras calificar como pésima la gestión hídrica, expuso que, aun cuando la Constitución reconoce el derecho al agua, en el Estado de México, esta garantía está lejos de cumplirse, ya que las familias reciben el servicio por tandeo, a veces una vez por semana o incluso al mes, y que, en promedio, destinan hasta el 20 por ciento de sus ingresos para acceder a ella, por lo que calificó como una “falacia” la materialización de ese derecho.

Por lo anterior, destacó la celebración de foros, pues buscan enriquecer el proyecto legislativo con las aportaciones de especialistas, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, así como con la Secretaría del Agua y el Poder Judicial, ambos del Estado de México.

En el evento, Leonardo Manjarrez Becerril, jefe del Departamento de Investigación, Capacitación y Vinculación de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, subrayó que la justicia hídrica significa que todas las personas tengan acceso al agua en condiciones dignas, suficientes y seguras, pero que no implica únicamente extraer más agua, sino aprovechar la disponible mediante un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.

Andrés Romo Becerril, secretario técnico de la Secretaría del Agua estatal, indicó que una nueva ley debe reconocer que este recurso no puede seguir gestionándose solo desde la lógica de la infraestructura gris, la cual, si bien es indispensable, debe complementarse con obras, planeación, información, prevención, gestión territorial sustentable, fortalecimiento institucional, cuidado de acuíferos, manejo de aguas superficiales y, sobre todo, participación social.

Finalmente, Ramón Enrique Mejía García, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los retos hídricos y la desigualdad ambiental requieren el fortalecimiento de la participación ciudadana y la coordinación institucional, a efecto de cumplir no solo con la cobertura, sino también con la accesibilidad, asequibilidad y salubridad del agua.