Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura mexiquense consultarán al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sobre la viabilidad y alcances de la iniciativa para reconocer el trabajo en casa como aportación económica para el sostenimiento del hogar, y equipararlo a la aportación económica de la otra persona cónyuge, a fin de que sea valorado en juicios por alimentos, guarda y custodia, compensaciones y liquidación de regímenes patrimoniales.

Lo anterior a propuesta de los diputados Ernesto Santillán Ramírez (PT), quien presidió la reunión de análisis de la iniciativa, y Octavio Martínez Vargas (morena), así como Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), quienes se pronunciaron por su estudio minucioso a fin de no rebasar los criterios que al respecto ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, el legislador Ernesto Santillán apuntó la necesidad de que esta reforma se acompañe de las disposiciones adecuadas para que las personas juzgadoras, abogados y otros profesionales que conozcan de estos juicios, evalúen adecuadamente el trabajo del hogar y su valor económico para alcanzar las resoluciones más justas.

Para el congresista Alejandro Castro Hernández (PRI), autor de la iniciativa de reforma al Código Civil estatal, se trata de reconocer el valor económico de esta labor, que realizan millones de mujeres en el país y en el Estado de México, y que no es remunerada, pese a tener un peso fundamental en la economía del cuidado.

Tras señalar que en esta entidad 830 mil mujeres enfrentan el cuidado y la manutención de sus hijas e hijos por sí solas, aseveró que, en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este trabajo alcanzó el 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación, equivalente a 8.4 billones de pesos.

En este marco, destacó que la propuesta plantea incorporar como criterios para su valoración económica el tiempo dedicado, el costo de servicios equivalentes en el mercado, la oportunidad laboral sacrificada y la responsabilidad de cuidado asumida; asimismo, busca garantizar justicia en casos de divorcio o separación mediante el establecimiento de una compensación mínima del 40 por ciento sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio para quien se haya dedicado preponderantemente al hogar.

Durante el debate, las parlamentarias Miriam Silva Mata (PVEM) y Yurixi Leyva coincidieron en que la propuesta, de aprobarse, aplicaría por igual a mujeres y hombres, por lo que representa un asunto de justicia igualitaria.

La diputada Miriam Silva solicitó avanzar en la iniciativa porque da claridad a los operadores judiciales para solicitar o decretar pensiones o compensaciones justas. La legisladora Yurixi Leyva apuntó que servirá para compensar a quienes dedicaron tiempo a esta actividad a costa de su propio desarrollo y en beneficio de la otra parte que tal vez alcanzó éxito personal o profesional. 

El congresista Octavio Martínez, quien también resaltó la importancia de legislar en la materia, propuso consultar a las trabajadoras del Poder Legislativo sobre si, en caso de ser demandadas por sus parejas dedicadas a las labores del hogar, estarían dispuestas a cederles al menos el 40 por ciento del patrimonio que han construido.