Al considerar que el requisito de que las juezas y jueces cívicos del Estado de México cuenten exclusivamente con licenciatura en Derecho resulta excesivamente rígido frente a los avances normativos y científicos en resolución pacífica de conflictos, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) propuso ampliar este requisito para incluir a personas con cédula profesional en la Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos.

Al presentar su iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, la legisladora destacó que la propuesta reduce de tres a dos años la exigencia mínima de experiencia profesional y amplía el perfil requerido para las personas juezas cívicas.

Señaló que esta ampliación cuenta con respaldo normativo y académico, ya que la Universidad Autónoma del Estado de México ofrece la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC).

El plan académico, detalló, integra teoría del conflicto, prácticas dialogadas, negociación, ética aplicada y fundamentos jurídicos, lo que habilita competencias especializadas en mediación y conciliación.

Al ser la primera institución en ofrecer la licenciatura en MASC desde 2015 y contar con cinco generaciones de egresados y egresadas, la legisladora propuso que estos puestos también se abran a quienes poseen esta formación especializada, reconociendo el liderazgo del estado en impulsar dicha carrera y en generar oportunidades profesionales para sus graduadas y graduados.

En este sentido, subrayó que la exclusión normativa de estos perfiles en el sistema cívico limita la profesionalización del modelo y lo priva de un capital humano apto, con sensibilidad, técnica y eficiencia, para abordar la naturaleza de los conflictos menores, las infracciones administrativas y las conductas que inciden en la convivencia social, antes de que escalen a escenarios penales o judiciales mayores.

Adicionalmente, indicó que el Poder Judicial estatal cuenta con mecanismos de certificación y registro para mediadores y conciliadores privados, lo que permite garantizar estándares de calidad, actualización y competencia profesional.

De esta manera, añadió, se fomenta la pluralidad de competencias, lo que puede fortalecer la eficiencia institucional, reducir rezagos, optimizar costos y mejorar el funcionamiento del modelo.