La diputada Paola Jiménez Hernández (morena) propuso que todas las autoridades educativas, de salud o administrativas estén obligadas a reportar al Ministerio Público los embarazos en menores de 15 años como posibles casos de violencia sexual. Advirtió que la omisión de esta 8 acarreará responsabilidad administrativa o penal, conforme a la ley vigente, que establece penas de hasta 30 años de prisión.

Al exponer su propuesta, informó que se deberá garantizar la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, con un enfoque en los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género. Además, planteó la creación de protocolos claros para la prevención, detección y atención del abuso sexual, que incluyan también los entornos digitales, con el fin de coordinar la actuación de las autoridades educativas, de salud y de justicia.

“Proteger a la infancia no es filantropía, es una obligación del Estado, de las familias y de todas y todos nosotros como representantes del pueblo”, expresó desde tribuna durante sesión deliberante.

Las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estatal establecen que este sector tiene derecho a vivir libre de toda forma de violencia sexual, lo cual comprende la protección contra el abuso, el acoso, la explotación y cualquier conducta que atente contra su integridad física, psicoemocional o el libre desarrollo de su personalidad.

La legisladora indicó que su propuesta beneficiará directamente a las niñas y adolescentes mexiquenses, ya que, en 2024, se registraron mil 628 víctimas de violencia sexual infantil en el Estado de México, de las cuales más del 92 por ciento fueron niñas. Además, se reportaron más de 56 mil alumbramientos de menores de 16 años, entre los que se incluyen mil 652 niñas de entre 10 y 13 años.

En cuanto a las medidas inmediatas de protección, se propone incluir la coordinación entre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia, el sector salud y el sistema educativo, todos del ámbito estatal.

Además, se garantizaría que las víctimas de violencia sexual reciban atención integral, confidencial y especializada en materia de salud, asistencia psicológica, protección y acompañamiento jurídico, sin discriminación y evitando su revictimización.

Las autoridades educativas también deberán capacitar al personal docente y administrativo, elaborar materiales pedagógicos pertinentes y fomentar la participación de madres, padres y tutores.

Al respecto, la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (morena) felicitó a la diputada Paola Jiménez por su iniciativa en favor de las niñas, niños y adolescentes.