El diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT) propuso despenalizar y regular la eutanasia con el objetivo de ayudar a trascender de forma digna y sin dolor a personas pacientes en fase terminal o con un diagnóstico comprobado de problemas de salud graves o padecimientos incurables, que les provoquen un sufrimiento físico o psicológico intolerable.

Para esto, el parlamentario plantea definir la eutanasia en la legislación estatal como el acto o procedimiento realizado por una persona médica autorizada para provocar la muerte sin dolor de una persona paciente, y a petición libre y voluntaria de ésta, que se encuentre en la condición descrita.

Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Voluntad Anticipada y al Código Penal del estado, propuso que este procedimiento se lleve a cabo únicamente cuando la persona solicitante haya recibido un diagnóstico médico confirmado que acredite la existencia de una enfermedad grave o incurable, y haya emitido el acta de eutanasia, documento en el que manifiesta formalmente su voluntad de someterse a dicho proceso.

En sesión deliberante, tras exponer en formato de video testimonios de personas en estas condiciones de salud que promueven el derecho a tal práctica, el legislador señaló que su propuesta busca dar voz a un sector poblacional olvidado, y acotar la muerte anticipada como una acción excepcional, agotadas otras formas posibles de evitar el sufrimiento de las personas.

Explicó que, para admitirla, la o el paciente, en pleno uso de sus facultades mentales, deberá solicitarla de manera voluntaria ante dos testigos y el personal de salud autorizado, mediante el acta que contenga su declaración de voluntad, la cual podrá ser revocada en cualquier momento. Además, tendrá que ser residente de la entidad, mayor de edad y contar con el diagnóstico certificado y oficial de la condición de salud referida.

Cuando no pueda expresarla por sí mismo, podrá hacerlo una persona familiar o cercana, aunque, tratándose de dos o más de éstas, deberá solicitarla por unanimidad. No podrán pedirla personas que tengan algún conflicto con la o el paciente. Cuando la persona solicitante no hable español, se le facilitará un traductor, y en casos de discapacidad se les proporcionará el modo adecuado de informarlo.

La reforma planteada precisa como derechos de estas personas: recibir información clara, oportuna y suficiente sobre el procedimiento, y el respeto a su decisión. El personal de salud tendrá derecho a expresar objeción de conciencia y recibir capacitación para aplicar o participar en el procedimiento; por otro lado, estará obligado a informar al paciente sobre esta posibilidad, dar cuenta a la Coordinación de Voluntades Anticipadas (órgano administrativo adscrito a la Secretaría de Salud estatal) sobre las peticiones recibidas, y verificar que la o el paciente cumpla con los requisitos.

Además, estipula que las instituciones de salud destinen áreas específicas para realizar el procedimiento, informen sobre los casos practicados, e implementen campañas informativas. Dispone también la prohibición de la eutanasia sin el acta respectiva y la declaración de voluntad para someterse a ella.

Adicionalmente, admite que estas personas, en vida o después de su muerte, puedan donar cualquier órgano o tejido de su cuerpo para trasplantes.

Finalmente, plantea derogar del régimen penal la atenuante para el caso de homicidios descrita como “por móviles de piedad mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida”. En su lugar, la reforma exceptúa de lo dispuesto a las y los médicos que lleven a cabo la aplicación de eutanasia, conforme a la ley.

El diputado expuso resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre Muerte Digna de 2022, realizada por la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, el 72.7 por ciento de la población mexicana respalda la necesidad de un marco jurídico que proteja a quienes se encuentren en este supuesto, y donde la aplicación de la eutanasia sería un acto de humanidad y piedad.