Dado que las bolsas de plástico tardan hasta 400 años en degradarse, de acuerdo con Greenpeace, y generan daños considerables en los ecosistemas terrestres y marítimos, la LXII Legislatura mexiquense aprobó restringir el empleo de plásticos de un solo uso, transitar a un modelo integral de manejo de residuos sólidos e imponer trabajo comunitario por disposición de residuos en sitios no autorizados, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y el combate contra el cambio climático.

Mediante reformas impulsadas por las bancadas del PVEM y MC, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Congreso local avaló multas de hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue, de forma gratuita, plásticos de un solo uso en comercios (como bolsas, popotes, vasos, utensilios y contenedores de alimentos), con lo cual se busca generar una mayor conciencia ambiental, dado que en México se producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, de las que solamente se reciclan adecuadamente un tres por ciento (conforme a la Universidad Nacional Autónoma de México).

Lo anterior excluye bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene o salud se requieran, así como bolsas de acarreo que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables.

Para fijar estas multas (que se aplican por primera vez en el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, conmemorado cada 3 de julio), la autoridad administrativa ponderará circunstancias como las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, así como la reincidencia.

Además de las sanciones económicas, los infractores podrán enfrentar la clausura —temporal o definitiva— de sus establecimientos, ya sea de forma parcial o total, de las autorizaciones de aprovechamiento o uso de la inscripción registral o de las actividades de que se trate.

La reforma dispone que las dependencias estatales y municipales deben impulsar la sustitución gradual de plásticos de un solo uso; que en las escuelas privadas y públicas se deseche su uso; que los ayuntamientos realicen las adecuaciones normativas para la inspección y vigilancia de estas acciones; y que los programas de educación de escuelas públicas generen consciencia sobre el impacto ambiental por el consumo y manejo inadecuado de estos productos.

Adicionalmente, define los plásticos de un solo uso como aquellos, incluyendo envases y empaques, que están diseñados para ser usados por una sola vez, que no están sujetos a un plan de manejo obligatorio y que no son reutilizables, reciclables, compostables, ni son susceptibles de valorización o aprovechamiento, los cuales serán determinados de acuerdo con sus características de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Por otro lado, y considerando que en México cada persona consume anualmente 66 kilos de plástico, aunque sólo se reciclan unos 3.3 kilos (conforme a datos del sitio Dialogue Earth), se avalaron reformas promovidas por la bancada del PVEM y la gobernadora, para transitar a un modelo integral de residuos sólidos.

Este modelo está basado en instalaciones diseñadas y operadas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, orientadas al aprovechamiento, tratamiento y disposición final adecuada de estos residuos, conforme a los principios de sostenibilidad ambiental, salud pública y protección al medio ambiente.

El ajuste al marco jurídico estatal mandata que las autoridades competentes impongan trabajo comunitario en materia de protección y preservación del ambiente en el espacio afectado, a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos de cualquier especie (en gran parte plásticos de un solo uso) en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, despoblados y, en general, en sitios no autorizados.

Asimismo, instituye que, para la concesión de servicios de limpia, se trabaje bajo un enfoque de gestión integral de residuos y no sólo de recolección; se consideren los costos asociados a la rehabilitación por posibles afectaciones o por remediación ambiental; y establecer indicadores para medir la reducción de residuos de disposición final, tasas de reciclaje y recuperación de materiales, los cuales serán de acceso público.

Además, que las autoridades municipales sean subsidiariamente garantes, atendiendo a su capacidad financiera y presupuestaria, por las personas funcionarias y concesionarias que sean responsables por dolo o culpa de daños ambientales, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.