El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para establecer en la Constitución estatal que la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y servicios, las buenas prácticas regulatorias y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas son instrumentos para el desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos.

De acuerdo con la propuesta, a la que dio lectura la diputada Angélica Pérez Cerón (morena), estos principios consolidarán un gobierno digital orientado al fortalecimiento de la vigilancia de los recursos públicos, asegurando su ejercicio conforme a la ley y garantizando que las decisiones gubernamentales estén al alcance de la ciudadanía de manera accesible, clara y veraz.

En este sentido, la reforma constitucional establece que los poderes del Estado, los municipios —incluidas sus dependencias y organismos auxiliares—, así como los organismos autónomos, deberán implementar de manera permanente, continua y coordinada los modelos, herramientas y acciones previstos en las disposiciones jurídicas aplicables, con el fin de generar certeza y seguridad jurídica, además de facilitar la gestión pública mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Asimismo, la iniciativa dispone la abrogación de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y la extinción de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Las funciones, así como los recursos humanos, materiales, financieros y las previsiones presupuestales de dicho organismo, serán asumidos por la Agencia Digital del Estado de México, que se constituirá como la Autoridad Estatal de Simplificación y Digitalización del Estado de México.

El documento detalla que el planteamiento atiende las disposiciones y se alinea con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, expedida el 16 de julio de 2025, la cual reglamenta el párrafo décimo del artículo 25 constitucional y establece objetivos claros para habilitar el Modelo Nacional de Simplificación, la digitalización de trámites y servicios, la homologación administrativa, la creación del Portal Ciudadano Único y el uso de Llave MX como mecanismo de autenticación digital.

Esta ley nacional, por otra parte, obliga a los tres órdenes de gobierno a adoptar estrategias que reduzcan costos burocráticos, eviten duplicidades, promuevan la interoperabilidad tecnológica y garanticen que la ciudadanía pueda realizar trámites mediante plataformas digitales confiables y seguras.

Añade que es congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, que ordena implementar procesos de simplificación administrativa, innovación y buenas prácticas mediante el uso de tecnologías de la información.

La iniciativa coloca en clave constitucional los principios y herramientas para la simplificación, las buenas prácticas regulatorias y la transformación digital para una gestión pública eficiente, transparente y en pro del desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, capaz de responder a las necesidades de la población y de cerrar las brechas de acceso a los servicios gubernamentales, particularmente en municipios con limitaciones de conectividad.