La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) para penalizar con hasta 24 años de prisión a quienes intencionalmente provoquen un incidente de tránsito con el propósito de obtener un beneficio económico indebido mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro, a quienes popularmente se les conoce como “montachoques”.

El dictamen prevé una sanción de hasta 12 años de prisión y mil 500 días de multa por esta conducta, con un agravante que duplica la pena cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual serían penas de hasta 24 años y 3 mil días multa.

En la reunión, presidida por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el proponente consideró apremiante tipificar este delito, pues sólo en Ecatepec, precisó, se tienen documentadas alrededor de 15 extorsiones tipo “montachoques” al día, con una rentabilidad promedio de 10 mil pesos por percance.

Esta práctica, indicó, surgió en Ecatepec durante administraciones pasadas, se diversificó hacia municipios aledaños y se extendió a la Ciudad de México. Además, enfatizó que el Estado de México sería la primera entidad federativa en legislar al respecto.

Recordó que, posteriormente a la presentación de su iniciativa, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el legislador Emilio Manzanilla Téllez (PT) ingresó una propuesta similar para tipificar el fraude por colisión vehicular o montachoques como delito específico, y sancionarlo hasta con ocho años de prisión.

Por otro lado, ante los bloqueos realizados por transportistas de agua en protesta por el operativo mediante el cual se intervinieron 189 inmuebles y se aseguraron 322 pipas presuntamente vinculadas con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal de agua en 48 municipios, el legislador cuestionó el desempeño del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.

Señaló que no hay personas líderes detenidas ni procesadas por huachicol de agua, ni confiscación de dinero, además de que la situación ha dejado un serio problema a los municipios y a la entidad, ya que hay reclusorios, hospitales, centros de salud, escuelas, mercados públicos, empresas e industrias que carecen del suministro del líquido.

Añadió que la crisis de movilidad fue consecuencia de una acción que no estuvo acompañada por la detención de los principales responsables del robo de agua, ni de las posibles autoridades que los protegen.