El diputado Mariano Camacho San Martín (PRI) planteó reformas a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, para transparentar y fortalecer las reglas de operación de los programas sociales que ejecutan, tanto el Poder Ejecutivo, como los gobiernos municipales.

La iniciativa leída en tribuna ante el Pleno del Congreso mexiquense menciona que sin reglas de operación bien institucionalizadas y una planeación adecuada, no es posible conocer con certeza su nivel de cumplimiento, ni comprobar si generó o no un cambio sustantivo en la calidad de vida de la población objetivo; sino al contrario, su ausencia, reduce su impacto, incrementa el gasto e impide lograr una cobertura completa.

En este sentido, el documento describe que las reglas de operación son el documento normativo que establece aspectos técnicos, operativos y de evaluación de los programas de desarrollo social, y deben contener, de manera enunciativa más no limitativa: la definición del programa; glosario de términos, objetivo general y específico, identificación de la población universo y potencial, cobertura territorial, especificación del monto de apoyo a otorgar y origen de los recursos.

Así como: requisitos, registro y restricciones de las personas beneficiarias, criterios de priorización, los formatos utilizados con su respectivo instructivo de llenado, emisión de lineamientos para control y vigilancia, integración del padrón de personas beneficiarias, derechos, causas de incumplimiento y sanciones a las personas beneficiarias, instancias participantes o dependencia u órgano responsable de la ejecución del programa, mecánica operativa, difusión y criterios de seguimiento y evaluación.

Asimismo, se plantea que los programas de desarrollo social prioritarios deberán evaluarse considerando, por los menos, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las reglas de operación respectivas.

El proponente señaló que garantizar una mejor calidad de vida para las y los mexiquenses debe ser una prioridad, razón por la cual su iniciativa ayudará a fortalecer el marco normativo que regula la operación de los programas sociales, para que lleguen a las comunidades indicadas y a las personas en riesgo de vulnerabilidad.