Integrantes de las comisiones legislativas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local coincidieron en la importancia de que las secretarías estatales de Salud; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Finanzas, enriquezcan la iniciativa de la diputada Zaira Cedillo Silva (morena), para garantizar la aplicación efectiva del aborto legal antes de las 12 semanas de gestación, lo cual ayudará a su operatividad y suficiencia presupuestal.

A propuesta de las diputadas Emma Laura AlvarezVillavicencio (PAN) y Miriam Silva Mata (PVEM), también se acordó incluir en este análisis a las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social; de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Finanzas Públicas del Congreso mexiquense, debido al impacto de las reformas propuestas en estos ámbitos, mientras que el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) pidió que se incorporen iniciativas concordantes, como la de la parlamentaria Ana Yurixi Leyva Piñón (PT).

La parlamentaria Zaira Cedillo, quien preside la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que, después de la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación (aprobada el 25 de noviembre de 2024), se plantean acciones concretas que garanticen el ejercicio real de los derechos de mujeres y personas gestantes.

Para tal fin, se contemplan los ejes de educación sexual integral, incluida la entrega de productos para la gestión menstrual y métodos anticonceptivos; de salud y atención digna, mediante servicios gratuitos, seguros y sin discriminación, tanto en la atención del embarazo como en la interrupción legal, libre e informada, y de combate a la violencia obstétrica; y, finalmente, de protección de las infancias y juventudes con información, orientación y servicios de salud sexual y reproductiva acordes a su edad, así como medidas para prevenir embarazos infantiles y adolescentes.

Al respecto, la legisladora Emma Alvarez, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, afirmó que el debate sobre el aborto sigue abierto y requiere de prudencia legislativa y visión integral del derecho a la vida, por lo que pidió que esta discusión se conduzca con respeto, sensibilidad y rigor técnico, evitando polarizaciones o descalificaciones.

Recordó que profesionales de la salud se han manifestado por falta de insumos y personal, lo que ha provocado que se posterguen cirugías. Por ello, expresó su preocupación respecto a la afirmación de que estas reformas no son agravantes para el sistema de salud estatal.

El diputado Octavio Martínez señaló que la entidad lleva dos décadas de desfase respecto al debate normativo que se dio en la Ciudad de México y las subsecuentes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancias internacionales y otras entidades que han legislado al respecto.

En tanto, Miriam Silva solicitó garantizar la seguridad jurídica del personal médico, porque la norma propuesta tiene muchos presupuestos subjetivos.

En respuesta, Zaira Cedillo aclaró que la objeción de conciencia es algo que debe respetarse; sin embargo, el Estado tiene la obligación de garantizar esta atención médica, salvo en supuestos como la implicación de riesgo de vida para la persona gestante; cuando se pueda producir daño, agravación del daño, secuelas o discapacidades en la persona gestante; cuando la negativa resulte en prolongar el sufrimiento o implique una carga desproporcionada; y cuando no haya alternativa viable y accesible para brindar el servicio de salud o por motivos de discriminación u odio.

Puntualizó que el tema presupuestal corresponde a las instancias gubernamentales, que los medicamentos e insumos requeridos no son agravantes para el sistema de salud, y recordó que se han trasladado bienes a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), el cual estaría ofreciendo estos servicios. Además, recordó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya los está garantizando. En materia educativa, se pronunció por reforzar la prevención con respeto a los derechos sexuales y reproductivos, por lo que se procuraría adaptar los comités y protocolos vigentes a las disposiciones legales.