La diputada Brenda Colette Miranda Vargas (morena) propuso imponer de uno a cuatro años de prisión a quien se apropie de una identidad digital ajena, entendida como los datos personales, atributos digitales, elementos tecnológicos y credenciales electrónicas que permiten identificar de forma segura a una persona en entornos digitales, aplicaciones tecnológicas y sistemas informáticos, pena que se incrementará hasta seis años de cárcel, cuando se cometa sin autorización y con fines ilícitos.

Al presentar su iniciativa de reforma a los códigos civil y penal de la entidad, la proponente explicó que el marco jurídico estatal no considera ni define la identidad digital como un atributo legal protegido, aunque sí dispone sancionar la suplantación de identidad, entendida como la apropiación indebida de datos personales o identificativos de una persona para hacerse pasar por ella con fines ilícitos o dañinos.

Aunado a lo anterior, agregó que la ley contempla delitos vinculados con el fraude, la falsificación de documentos y el uso indebido de información; sin embargo, no tipifica de manera expresa la suplantación de identidad digital. Esto deja en estado de indefensión a las víctimas, quienes deben recurrir a figuras jurídicas indirectas para acceder a la justicia.

En este sentido, detalló que la propuesta responde al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, en los ejes “Gobernanza con justicia y participación ciudadana” e “Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional”, que reconocen la necesidad de proteger los derechos humanos en entornos digitales, garantizar la ciberseguridad y fortalecer la confianza de la población en el uso de medios electrónicos.

Asimismo, se alinea con los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que buscan fortalecer el marco normativo para prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos a través del ciberespacio, garantizando el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales y a la preservación de su identidad digital

De acuerdo con la iniciativa, la acelerada transformación digital de la vida social, económica y jurídica ha generado nuevas formas de presencia, interacción y ejercicio de derechos en entornos electrónicos.

En este proceso, señaló, la identidad digital emerge como un atributo esencial de las personas en el mundo contemporáneo, indispensable para el acceso a servicios digitales públicos y privados, así como para el ejercicio de derechos fundamentales como la identidad, la privacidad y la protección de datos personales.

Por último, agregó la legisladora, con la modificación se da cumplimiento al principio de que la justicia debe adaptarse a los nuevos contextos sociales y tecnológicos, reafirmando el compromiso del Poder Legislativo estatal con la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito y la consolidación de un entorno digital seguro, confiable y ético.