Al compartir que en el Estado de México existen nueve refugios y dos casas de transición, los cuales cubren el 8.8 por ciento del territorio estatal, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, de la bancada del PAN, propusieron en el Congreso mexiquense que el Estado garantice la instalación y el mantenimiento de refugios adecuados y suficientes para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.

La iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal considera que la normatividad vigente es laxa en los términos que emplea respecto a las responsabilidades de las autoridades en materia de refugios para las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

El documento puntualiza que la ley se limita a estipular el fomento, el impulso o la promoción de los mismos, sin que exista una obligatoriedad para crearse y, por ende, quedando al arbitrio y discrecionalidad de las administraciones en turno, o bien, a la labor de organizaciones sociales y de la iniciativa privada.

Por lo tanto, plantea agregar entre las facultades y obligaciones del gobierno estatal la de celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, así como formular las bases para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales a fin de garantizar la existencia, operación y fortalecimiento de los refugios con la participación de las organizaciones sociales y privadas.

De igual forma, impulsar el establecimiento y fortalecimiento de vínculos interinstitucionales entre el Estado, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para ofrecer estos espacios temporales con servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género.

En lo que le corresponde al Poder Legislativo, propone que garantice, con carácter prioritario, la asignación específica de recursos presupuestarios suficientes en la Ley de Egresos del Estado de México.

Durante la sesión, la parlamentaria detalló que, además de asociaciones público-privadas, también se busca exenciones fiscales para los inmuebles destinados a los refugios, e impuestos específicos para generar ingresos destinados exclusivamente para financiar estos espacios.

En este sentido, la diputada invitó a sumar y complementar los esfuerzos federales para proteger a las mujeres víctimas de violencia.