El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley de Salud del Estado de México, con el propósito de garantizar el derecho a la salud desde un enfoque integral e interseccional, mediante la distribución de competencias, mecanismos de coordinación, rectoría sanitaria, operación de organismos especializados y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas y organizacionales.

Lo anterior, en virtud de que actualmente la regulación en materia de salud se encuentra contenida en el Código Administrativo estatal, lo cual, señala la propuesta, circunscribe el derecho a la salud a una lógica administrativa y orgánica, sin desplegar con amplitud sus dimensiones sustantivas, preventivas, comunitarias y de coordinación interinstitucional.

Por ello, se plantea la expedición de un ordenamiento especializado que garantice el abordaje integral del derecho a la salud en todas sus dimensiones —preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa— y que establezca con claridad sus principios rectores, entre ellos calidad, eficiencia, enfoque transformador, equidad, gratuidad, humanismo, integralidad, interculturalidad, interés superior de la niñez, justicia social, no revictimización, perspectiva etaria y de género, progresividad, sostenibilidad y universalidad.

Asimismo, la propuesta busca fortalecer la rectoría del sector, normar la coordinación entre instituciones públicas y privadas y consolidar un modelo de atención basado en el curso de vida y con perspectiva de derechos humanos.

El proyecto legislativo, leído por la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, reconoce que diversas condiciones pueden acumularse y profundizar las desigualdades que enfrentan ciertos sectores, por lo que los identifica como grupos de atención prioritaria.

Se trata de personas adultas mayores; mujeres y personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas en situación de calle; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ (lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y más); personas migrantes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.

En su participación, la legisladora explicó que se armoniza la legislación local con la Ley General de Salud para consolidar un sistema sanitario con visión humana, más equitativo, preventivo y con verdadera capacidad resolutiva. Fortalece, añadió, la rectoría sanitaria estatal y la coordinación efectiva con la Federación en materia de salubridad general, higiene epidemiológica y control de riesgos sanitarios, además de que consolida el modelo de atención primaria a la salud, priorizando la prevención, la detección oportuna y el enfoque comunitario.

Indicó que es concordante con los principios universales de gratuidad progresiva; incorpora digitalización, inteligencia epidemiológica y disposiciones específicas en salud mental; refuerza la protección financiera de las familias; amplía la atención priorizada a grupos vulnerables; y añade una perspectiva intercultural con enfoque de género, pero con una inclusión sustantiva y verdadera.

Resaltó que, por primera vez, se reconocen los derechos de las personas usuarias y de los pacientes con un catálogo robusto de derechos, incluidos el trato digno, el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y el acceso a medicamentos.

La iniciativa, que también reforma los códigos Administrativo y de Procedimientos Administrativos, así como las leyes Orgánica de la Administración Pública; de Eventos Públicos; de Fomento Económico; de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal; Orgánica Municipal; y la que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones, todas del Estado de México, busca establecer con claridad las responsabilidades colectivas de las instituciones del Estado para garantizar el derecho a la salud, entendida como atención integral.

Para tal fin, reconoce al Sistema Estatal de Salud como la máxima autoridad en la materia, a fin de facilitar políticas públicas transversales, consolidar la prestación de servicios e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional.

Asimismo, plantea fortalecer la capacidad rectora de la Secretaría de Salud del Estado de México, considerando la regulación, coordinación y supervisión de directrices, planes, programas, proyectos y acciones en la materia.

Se robustece también el papel de los organismos especializados en salud como ejecutores de dichas directrices, y se consolida al Instituto de Salud del Estado de México como instancia operadora, normativa y de conducción de la política estatal, responsable de la planeación, ejecución, coordinación de servicios y del control y fomento sanitarios.

En observancia de los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera, se establece que la estructura organizacional operará con recursos humanos, materiales y presupuestales actuales, sin generar cargas adicionales. 

La diputada Honoria Arellano Ocampo (PVEM) pidió a las y los diputados prever un presupuesto robusto que ayude a la gobernadora a materializar la Ley de Salud y que esta sea favorable para las y los mexiquenses, toda vez que persisten desafíos relacionados con infraestructura incompleta, falta de personal, pagos pendientes y distribución de medicamentos.