Al exponer que en los últimos cinco años la entidad ha registrado más de 500 emergencias relacionadas con fenómenos naturales, afectando a más de 200 mil personas —incluidos 60 mil menores de edad—, la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) propuso que, en situaciones de emergencia o desastres naturales, las autoridades estatales y municipales, en coordinación con las instituciones competentes, garanticen la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

En la presentación de su iniciativa, la legisladora señaló que el Estado de México ha vivido situaciones de riesgo como sismos, inundaciones, deslaves y sequías, que han dejado huella no solo en la tierra, sino en la vida y emociones de las personas que lo padecen, particularmente en menores de edad.

Por ello, planteó fortalecer las acciones de prevención y mitigación de desastres, priorizar la integridad física y emocional de este sector, y garantizar su acceso a servicios básicos como alimentación, salud y educación.

Estas acciones, detalló, se realizarán en el marco de los programas y políticas públicas existentes, sin generar erogaciones adicionales al presupuesto, y en apego a las facultades y atribuciones de las dependencias involucradas. En este marco, reconoció a las y los servidores públicos, cuerpos de rescate, protección civil, docentes, médicos y voluntarios que en cada emergencia ponen en riesgo su propia seguridad para ayudar a los demás.

De acuerdo con la parlamentaria, la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el cual establece como uno de sus ejes estratégicos la protección social y el bienestar integral de la población, con especial énfasis en las infancias y adolescencias, que deben ser protegidas de manera prioritaria en todas las circunstancias, incluyendo las situaciones de emergencia.

Además, se basa en la coordinación de municipios y dependencias, como las secretarías de Salud y de Bienestar, y los sistemas municipales de Protección Civil, que ya cuentan con las facultades y recursos necesarios para implementar acciones de protección en casos de emergencia.

Con la reforma —de ser aprobada—, se optimizarían estos recursos, se fomentaría la colaboración interinstitucional, evitaría  duplicidades y garantizaría una respuesta eficaz y oportuna ante situaciones de desastre.