Debido a que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social, económico y comunitario que más afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, el Grupo Parlamentario del PRD de la LXII Legislatura mexiquense propuso que, cuando en la ejecución de este delito se provoque el cierre parcial, permanente o el desplazamiento forzado de estas empresas, se impongan de 15 a 20 años de cárcel. Además, la sanción incluiría de 2 mil a 2 mil 500 días multa.

La iniciativa de reforma al Código Penal estatal, a la que dio lectura el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada, expone que esta agravante responde a la necesidad de que la ley reconozca la especial vulnerabilidad de este sector y el profundo daño social que enfrenta cuando es sometido a prácticas de extorsión. 

Con la reforma, indicó, se fortalece el carácter disuasivo del derecho penal y se envía un mensaje institucional claro en el Estado de México: la actividad económica lícita será protegida como un componente esencial de la seguridad pública, del bienestar social y del desarrollo regional. 

Aparte, resaltó que se garantiza que quienes atenten contra la estabilidad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 90 por ciento de las unidades económicas de la entidad, reciban sanciones proporcionales al daño causado.

El documento refiere que la entidad enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora, ya que la extorsión se ha convertido en la segunda causa de cierre de empresas, solo detrás del pago de renta formal. Resalta que el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México informó que, en lo que va del año, se han registrado más de mil 500 denuncias por este delito.