Al señalar que establecer un techo salarial explícito en la administración pública estatal representa un referente de autoridad ética y moderación republicana, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Estado de México no superen la de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, cuya percepción mensual neta asciende a 100 mil 404 pesos, de acuerdo con el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, actualizado a 2025.

De ser aprobada por el Pleno legislativo, la iniciativa de reforma a la Constitución local establecerá que las percepciones que, a la entrada en vigor del decreto correspondiente, excedan el monto de la remuneración de la o el gobernador deberán ajustarse conforme a los tabuladores modificados, sin menoscabo de los derechos adquiridos por concepto de antigüedad o de las prestaciones laborales reconocidas en la ley.

Asimismo, dispone que el Congreso y los demás poderes públicos (Ejecutivo y Judicial), los organismos autónomos y los ayuntamientos adecúen sus leyes, reglamentos y tabuladores de remuneraciones a lo establecido, dentro de un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

En la exposición de su propuesta, el legislador señaló que, en tiempos de desafección política y desconfianza institucional, la legitimidad del gobierno depende tanto de la eficacia administrativa, como de la coherencia moral de sus actos, y que el actual contexto económico y social de la entidad demanda un uso más racional y equitativo de los recursos públicos. 

Por otro lado, agregó que la iniciativa garantizaría la supremacía salarial de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal como límite máximo en toda la administración pública estatal y municipal; evitaría disparidades injustificadas en los tabuladores de remuneraciones; fortalecería la disciplina presupuestal y la austeridad republicana; alinearía el marco jurídico local con el federal, evitando contradicciones constitucionales; y reforzaría la legitimidad del servicio público, así como la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, resaltó que su propuesta da cumplimiento al plan de desarrollo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en materia de austeridad, tema que, aseguró, también requiere de una ley estatal.