Al señalar que 3 mil 413 personas adolescentes en México fueron acusadas por algún delito en 2022, de las cuales mil 30 cumplían una sanción en algún centro de tratamiento, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) planteó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación generen programas y cursos permanentes de formación y orientación escolar, con el fin de prevenir la comisión de delitos.

Mediante la iniciativa para reformar la Constitución mexiquense, la legisladora —junto con su compañero y líder de bancada, el diputado Omar Ortega Álvarez — busca que estos programas se adapten al grado escolar, empleando métodos pedagógicos con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género, cultura de paz y respeto a la diversidad. 

La propuesta señala que, además de obligatorios, los programas serán universales, de excelencia, inclusivos, interculturales, públicos, gratuitos y laicos, y se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, promoviendo la honestidad, los valores y un enfoque de cuidado y respeto a la naturaleza.

Precisa que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la cual deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia; promoviendo la cultura de la legalidad, el respeto y la convivencia pacífica.

De acuerdo con la legisladora, actualmente la educación básica carece de un programa integral y permanente de prevención del delito con respaldo legal en la Constitución estatal, pese a que la escuela representa un entorno clave para fomentar valores de legalidad, respeto, convivencia y autocuidado.

Añadió que la delincuencia juvenil es un acto socialmente negativo que va en contra de todo lo establecido por la ley, pone en riesgo la tranquilidad y la seguridad pública, e impulsa a personas jóvenes a constituirse en pandillas dedicadas al crimen organizado, la violencia y la drogadicción. Subrayó que, si bien la enseñanza de valores debe iniciarse en el hogar, el Estado también es responsable de la formación de las juventudes.

Por lo anterior, expuso que tanto la familia como el Estado tienen la responsabilidad de promover una educación en valores, incluido el respeto a la vida, ya que si un joven no duda en matar para robar o apropiarse de un bien, se estaría frente a una sociedad insana, donde una persona puede ser vista como un instrumento de uso y explotación.