Dado que el tipo penal de despojo no contempla los casos basados en abuso de confianza, manipulación emocional o aprovechamiento de la dependencia familiar, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) propuso tipificar esta conducta como despojo familiar, con una pena de hasta 34 años de prisión.

A nombre del Grupo Parlamentario que coordina el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, la legisladora aclaró que el delito se configuraría cuando se cometa en contra de una persona ascendiente o descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, familiar hasta el tercer grado, así como de persona tutora, curadora, cuidadora, albacea, apoderada o con quien la víctima haya tenido una relación de confianza.

Explicó que se trata de reconocer, visibilizar y sancionar esta conducta con claridad, así como endurecer las penas por este delito, particularmente cuando se cometa en contra de personas adultas mayores y afecte su vivienda o medios de subsistencia. Además, compartió que actualmente el delito se persigue de oficio.

Para estos casos, la iniciativa de reforma al Código Penal estatal plantea que la sanción actualmente prevista (hasta 17 años de prisión y hasta mil días multa) se incremente en una mitad y hasta el doble, por lo que podrían imponerse hasta 34 años de cárcel y dos mil días multa.

Al exponer la propuesta, la parlamentaria añadió que el patrimonio de una persona mayor no es solo un conjunto de bienes, sino su historia de vida y el resultado de décadas de trabajo, por lo que permitir que, en un momento, se les arrebate —y más aún desde su propio círculo de confianza— es una injusticia que no debe ignorarse.

Finalmente, señaló que, en México y en esta entidad, miles de personas mayores están siendo despojadas de lo único que poseen: su vivienda, su patrimonio y el fruto de toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Y no se trata de personas extrañas, sino de sus propios familiares —hijas, hijos, nietos, nietas o allegados— quienes, aprovechándose de su confianza, de la dependencia económica, emocional o física, e incluso de su deterioro cognitivo, les arrebatan bienes, ingresos, tranquilidad y, muchas veces, su dignidad. 

“Esto no es un conflicto familiar, no es un malentendido, esto es violencia”, sentenció.