Por considerar que la actividad física contribuye al bienestar individual y a la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud, al reducir la incidencia de enfermedades cuya atención demanda un alto costo, en el Congreso mexiquense el Grupo Parlamentario del PVEM propuso que los pagos por concepto de acceso, inscripción, colegiaturas, mensualidades o servicios vinculados con la práctica de actividades físicas, deportivas o de acondicionamiento físico sean deducibles de impuestos.

De acuerdo con la iniciativa de la bancada que coordina el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, las cuotas que se paguen a gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, academias, entrenadoras y entrenadores personales, escuelas deportivas, ligas organizadas, actividades recreativas con fines de activación física y programas de rehabilitación física preventiva, entre otros, serán deducibles siempre que estos servicios sean prestados por personas físicas o morales legalmente constituidas y registradas ante las autoridades fiscales correspondientes. 

Mediante la iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (federal) y la Ley de Bienestar y Desarrollo Social de la entidad, presentada por la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM), se podrán solicitar deducciones, bajo determinadas condiciones, cuando se trate de servicios personalizados ofrecidos por personas físicas o cuando los pagos se realicen mediante transferencia electrónica.

Además, promueve que los planes y programas estatales y municipales de desarrollo social consideren como prioridad otorgar apoyo económico directo o subsidio parcial a personas residentes de la entidad para el acceso a servicios de activación física y acondicionamiento conforme a las reglas de operación que se determinen. 

Igualmente, se propone reconocer como grupo que merece atención prioritaria en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal a las personas con obesidad o sobrepeso, quienes, debido a esta condición, se encuentran en situación de vulnerabilidad por los factores de riesgo asociados a enfermedades crónico-degenerativas.

El documento, con base en el ‘Sondeo telefónico sobre costos de gimnasio tradicional’, elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (2023), apunta que el costo promedio de los gimnasios en el Estado de México ronda los 460 pesos al mes, en tanto que el promedio nacional es de 570 pesos mensuales.  

De lo anterior, señala la propuesta, se infiere que estos costos llevan a que el acceso a gimnasios, personas entrenadoras personales o centros especializados se postergue por consideraciones económicas, lo que limita el desarrollo de hábitos preventivos en amplios sectores de la población. 

En este sentido, la propuesta resalta que busca fortalecer la justicia social al permitir que sectores amplios de la población accedan a beneficios fiscales por invertir en su salud preventiva, ampliando el alcance de las deducciones personales más allá del tratamiento médico.