En el inicio del análisis de la propuesta del Paquete Fiscal 2026, congresistas y Oscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del gobierno estatal, coincidieron en la viabilidad de eliminar tanto la propuesta del incremento gradual de los años de servicio requeridos para la jubilación de las personas servidoras públicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como el cobro del 2 por ciento al transporte de carga por el uso de la infraestructura vial estatal.

Durante la sesión de las comisiones de Planeación y Gasto Público, y de Finanzas Públicas de la LXII Legislatura mexiquense, congresistas expresaron diversas propuestas para incrementar el presupuesto en rubros como ISSEMyM, grupos vulnerables, municipios, medio ambiente, sector forestal, campo, seguridad pública, abastecimiento de agua, salud, pueblos indígenas, deporte y desarrollo urbano.

Al respecto, el legislador Osvaldo Cortés Contreras (morena), presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, planteó trabajar en una reforma a fondo del ISSEMyM para abordar el tema de la jubilación y evaluar la eliminación del cobro que se propone del 2 por ciento al transporte de carga por el uso de infraestructura vial estatal. En respuesta, el secretario admitió la factibilidad para trabajar en el mantenimiento de vialidades y posteriormente evaluar ese incremento; y sobre el Instituto, indicó que se pondría una pausa al tema de la jubilación y seguirán construyendo una reforma a fondo. 

A las peticiones del tema del ISSEMyM se sumaron las y los parlamentarios Octavio Martínez Vargas (morena), Sara Alicia Ramírez de la O (PT), Alejandra Figueroa Adame y Honoria Arellano Ocampo, del PVEM, Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC). 

Cabe señalar que la propuesta enviada por el Ejecutivo plantea que la pensión por jubilación se otorgue a las personas servidoras públicas que, al retirarse de su empleo, acrediten un mínimo de 35 años de servicio y 65 años de edad (la normatividad actual establece 62 años de edad). Además, indica que la edad para tener derecho a esta pensión se incrementaría gradualmente: 2027, 63 años; 2028, 64 años; 2029, 65 años. 

En cuanto al transporte de carga, la propuesta original prevé este cobro como una aportación para mitigar el impacto que generan los vehículos de carga y transporte pesado en la infraestructura vial estatal, con el objetivo de recaudar 300 millones de pesos (mdp) destinados a su conservación y mejora, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las personas usuarias y el Estado.

Previo a la reunión, el legislador José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que morena propondría no aprobar esos planteamientos.

Por otro lado, a petición de la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena), el secretario consideró posibles incrementos presupuestales a los pueblos indígenas. Además, admitió la viabilidad de las propuestas del diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, para que el gobierno presente a la legislatura informes trimestrales sobre el Plan Hídrico. 

Igualmente, el diputado Anuar Azar propuso crear un fideicomiso estatal para la operación y el mantenimiento de la infraestructura del sistema de salud, un sistema de abasto y trazabilidad de medicamentos, y un fondo de seguridad municipal. Asimismo, calificó de insuficientes los mil millones de pesos destinados al Programa Bachetón y el incremento de 23 millones de pesos para seguridad. 

Por morena, los diputados Esteban Juárez Hernández y Edgar Samuel Ríos Moreno, así como las diputadas Zaira Cedillo Silva, María José Pérez Domínguez, Jennifer Nathalie González López y María del Carmen de la Rosa Mendoza expresaron sus opiniones sobre la asignación de recursos para la Junta de Caminos estatal, el transporte masivo, la mejora regulatoria, los planes integrales de la zona oriente e hídrico, las alertas por violencia de género, así como para los sectores de salud y educación tecnológica. Además, el legislador Maurilio Hernández González se pronunció por dar seguimiento, junto con las autoridades, al gasto del gobierno para garantizar resultados tangibles.

El legislador Carlos Alberto López Imm y las diputadas Honoria Arellano Ocampo, Gloria Vanessa Linares Zetina y Alejandra Figueroa, todos de la bancada del PVEM, lamentaron el presupuesto asignado a los temas medioambientales, a los municipios y al Instituto de Salud del Estado de México.

De la bancada del PT, las diputadas Sara Alicia Ramírez y Ana Yurixi Leyva Piñón señalaron la necesidad de incrementar los recursos para el Instituto Mexiquense de la Discapacidad y cuestionaron por qué no se cancelan los contratos del Proyecto de Prestación de Servicios para la Conservación de Carreteras y Vialidades, al que se destinan 78 millones de pesos mensuales, y de la Asociación Público Privada Caminos del Sur, que recibe 150 millones de pesos mensuales.

Los diputados del PRI Alejandro Castro Hernández y Eduardo Zarzosa Sánchez cuestionaron el incremento del 3.7 por ciento en las cuotas fijas y factores aplicables para el cálculo del predial, así como la reducción del presupuesto destinado a movilidad, y preguntaron si la asignación de recursos a seguridad pública será suficiente.

Por la bancada de MC, la diputada Ruth Salinas reconoció que se priorizan temas como vialidad, salud, seguridad y municipios, mientras que el diputado Martín Zepeda Hernández hizo un llamado a reforzar el enfoque de perspectiva de género y el apoyo a grupos vulnerables; además, cuestionó por qué el programa de regularización del transporte público ya no se considera para 2026.

Finalmente, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) cuestionó la reducción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que impacta tanto en las finanzas municipales como en diversas secretarías.