Comunicado 1744

16 de Marzo 2026

Subsidios fiscales por empleo a personas con discapacidad: GPPAN

  • El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), coordinado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos, propuso otorgar un subsidio del 100%, por 36 meses, al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para quienes generen empleos nuevos para personas con discapacidad.
  • El documento, expuesto por el legislador Anuar Azar, refiere que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2022), el 41.2% de las personas con discapacidad en México se encontraban en situación de pobreza; de entre quienes, el 33.1% se hallaba en pobreza moderada y el 8.1% en pobreza extrema.

A fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, respectivamente, propusieron otorgar subsidios al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal para quienes generen plazas laborales para este sector.

Para ello, en el Congreso mexiquense plantearon reformar la Ley de Ingresos estatal de 2026, a fin de que se otorgue una bonificación del 100 por ciento, por 36 meses, a quienes generen empleos nuevos para personas trabajadoras con alguna discapacidad durante el ejercicio fiscal de este año.

Durante su exposición, el legislador Anuar Azar indicó que el objetivo es que las empresas abran sus puertas a las personas con discapacidad y que el gobierno abra la cartera mediante incentivos para exigir, no solo en el discurso, sino en los hechos, acciones concretas en favor de este sector.

De aprobarse por el Pleno legislativo, este beneficio fiscal se sumaría a los vigentes, en los mismos términos, por la contratación de personas trabajadoras de 60 años o más, así como de profesionistas que hayan concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional entre 2024 y 2026.

La iniciativa señala que el mencionado ordenamiento contempla actualmente subsidios para quienes contraten por primera vez a personas que ingresan al mercado laboral; pertenecientes a comunidades indígenas; liberadas con base en la Ley de Amnistía, preliberadas y aquellas que hayan cumplido su sentencia; trabajadoras del hogar o repatriadas de 2024 a 2026, así como a mujeres jefas de familia titulares de unidades económicas con hasta tres personas empleadas.

También se propone reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios para establecer que las personas físicas o jurídico-colectivas que empleen a personas con discapacidad podrán deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.

Lo anterior, siempre y cuando las o los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las personas trabajadoras. De avalarse, las personas físicas o jurídico-colectivas que apliquen los beneficios previstos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, la cual establece las obligaciones fundamentales de los patrones.

El documento, leído por el legislador Anuar Roberto Azar, subraya que la contratación de personas con discapacidad aporta ventajas como diversidad y resiliencia organizacional, al conformar equipos heterogéneos que tienden a ser más creativos y adaptables; mayor fidelidad y menor rotación, porque las y los empleados con discapacidad suelen tener tasas de permanencia más altas, así como una mejor imagen y reputación empresarial, toda vez que se demuestra compromiso con la responsabilidad social y el cumplimiento normativo.

También menciona, entre las ventajas, la ampliación del mercado, pues los productos y servicios diseñados con accesibilidad atraen a más personas consumidoras y, finalmente, ahorros a largo plazo para el sistema público, porque el empleo y la integración reducen costos en prestaciones y aumentan la recaudación fiscal.

El documento señala que, de acuerdo con el Informe de la pobreza multidimensional en México (2022), elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 41.2 por ciento de la población con discapacidad se encontraba en situación de pobreza; de entre quienes, el 33.1 por ciento se hallaba en pobreza moderada y el 8.1 por ciento en pobreza extrema.

Precisa que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 16.4 por ciento de la población mexiquense tiene alguna limitación, discapacidad o algún problema o condición mental que le limita para realizar sus actividades cotidianas.

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