A propuesta de le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena), la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó tipificar el transfeminicidio como delito y establecer sanciones de hasta 93 años y cuatro meses de prisión. Con esta iniciativa se busca proteger a las mujeres trans y fortalecer la justicia frente a los crímenes de odio.

La iniciativa, por la cual se reformará el Código Penal estatal, establece que cometerá el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer, en un contexto de discriminación.

Se establece que existen razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando haya sufrido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, ya sean previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia. Asimismo, se considerará que existen dichas razones cuando haya antecedentes o indicios de que el sujeto activo haya ejercido violencia familiar, institucional, política, comunitaria, laboral o escolar; o cuando entre la víctima y el agresor haya existido una relación sentimental, afectiva, de subordinación o de confianza.

Así como cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; el cuerpo de la víctima sea exhibido, expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; cuando la comisión del delito o el cuerpo de la víctima se exponga, difunda, publique o transmita, a través de cualquier tecnología de la información, comunicación, transmisión de datos o se comparta por cualquier medio; cuando el cuerpo de la víctima presente señales de ensañamiento vinculadas con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de sus objetos personales que resulten distintivos de dicha identidad o expresión.

Y cuando testigos o evidencia indiquen que, previo o posterior al delito, el sujeto activo utilizó expresiones verbales que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género; la víctima sea despojada de elementos distintivos de su identidad o expresión de género o artículos personales de la víctima sean intercambiados por artículos relacionados con el género opuesto; y cuando el sujeto activo argumente la comisión del delito de forma expresa por motivos de identidad o expresión de género en contra de la víctima.

Las penas para este delito serán de entre 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa, aunque se agravarán hasta en un tercio cuando la víctima sea menor de edad, así como cuando el sujeto activo sea persona servidora pública y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición, por lo cual se llegaría hasta 93 años y cuatro meses de prisión y hasta 6 mil 666 días multa.

Además, en los casos que corresponda, el sujeto activo perderá los derechos civiles y familiares en relación con la víctima, incluidos los sucesorios.

El parlamentario Vladimir Hernández Villegas (morena) aseguró que no hay premura ni simulación en la reforma, puntualizó que es momento de avanzar en el tema porque la realidad así lo exige y que debe ser visibilizada por el Congreso mexiquense.

Al respecto, le diputade Luisa Esmeralda Navarro reconoció la lucha histórica de la comunidad de mujeres trans y aseguró que hoy, en el Congreso mexiquense, se reafirma su compromiso con la construcción de un Estado de México más justo, digno, plural, empático e inclusivo para todas las personas. Enfatizó que reconocer y sancionar el transfeminicidio no sólo responde a una exigencia social urgente, sino que honra el deber constitucional de proteger la vida, la igualdad y la no discriminación. Agradeció al legislador José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por respaldar la iniciativa.

El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) reconoció a Esmeralda Navarro por su compromiso y trabajo en representación de los colectivos que impulsaron la creación de legislación en la materia ante el Congreso mexiquense, destacando que dicha acción permitió tipificar una conducta criminal que antes no estaba contemplada en el Código Penal. Planteó, junto con la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), eliminar la condicionante que establecía que, en el caso de que no se pueda acreditar el delito de transfeminicidio, se aplicaran las reglas del delito de feminicidio o de homicidio, propuesta que fue aprobada por la Comisión.

La diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena) aseveró que la reforma reafirma el valor de la vida para toda la población y subrayó que nombrar este tipo de violencia implica reconocer su existencia, lo cual constituye el primer paso para erradicarla.

Tras referir que México es de los países con mayor índice de violencia letal contra las personas trans en el mundo (con 48 transfeminicidios en 2022, según la organización Letra S), la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) admitió que estos casos podrían triplicarse si hubiera una documentación adecuada, porque actualmente hay falta de protocolos y con perspectiva de género, así como la reasignación de identidad de las víctimas en registros oficiales. Además, compartió que el asesinato de mujeres trans representa el 55 por ciento de asesinatos de personas de la comunidad de la diversidad sexogenérica.

Por el PVEM, la diputada Miriam Silva lamentó la violencia que enfrenta este sector de la población y celebró que el Estado de México se sume a las entidades que ya cuentan con legislación en la materia —como Nayarit, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Sinaloa— en atención a los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a la identidad. Igualmente, se pronunció por facilitar el trabajo de las y los jueces, así como de las y los titulares de los ministerios públicos, y destacó la importancia de que el delito de transfeminicidio se defina de manera clara y sencilla para garantizar su efectiva sanción.

Al presidir la reunión, la parlamentaria Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) criticó que el Estado no está cumpliendo con su deber porque ha fallado en proteger la vida y en garantizar la libertad, además cuestionó los porcentajes de impunidad en los delitos, incluyendo los asesinatos de personas trans, cuyos casos, rara vez, llegan a una sentencia.

Por otro lado, admitió que aumentar penas o crear nuevos tipos penales no resolverá problemas si el Estado sigue siendo incapaz de garantizar la justicia, y sugirió una mesa de análisis para continuar el estudio de la propuesta e invitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La legisladora propuso reemplazar la denominación “transfeminicidio” por “privación de la vida por razón de identidad de género”; sin embargo, el planteamiento fue rechazado por la Comisión.

También del PAN, la congresista Rocío Alexia Dávila Sánchez señaló contradicciones etimológicas en el nombramiento del delito, así como dos riesgos fundamentales: la duplicidad normativa y el debilitamiento al logro del feminismo en cuanto al feminicidio ya tipificado. Por ello sugirió reforzar la aplicación efectiva de las agravantes ya consideradas por crímenes de odio o por discriminación; fortalecer capacitaciones institucionales y el trabajo en fiscalías bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.

En este mismo sentido se pronunció su compañera legisladora Krishna Karina Romero Velázquez, pues aseguró que mezclar categorías jurídicas distintas como sexo e identidad de género puede llevar a debilitar la figura del feminicidio, ya que se tendría que demostrar la condición de la víctima y cómo la percepción de género fue determinante en la motivación del crimen, lo que produciría incertidumbre, ambigüedad y mayor carga probatoria.

Finalmente, la congresista Ruth Salinas Reyes (MC) lamentó que se critique a las personas que decidieron ser diferentes a lo históricamente establecido, y recordó que antes se consideraba innecesaria la tipificación del feminicidio en la entidad, como ahora lo tratan de hacer con el transfeminicidio, por lo que aseguró que hoy toca plasmarlo en la legislación. Además, indicó que debería perfeccionarse para considerar casos de reincidencia.