Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) presentó una iniciativa con el objetivo de prohibir toda forma de discriminación en el acceso, arrendamiento, adquisición o permanencia en una vivienda, cuando esta se base en la orientación sexual, identidad o expresión de género, estado civil, forma de convivencia o composición familiar, incluyendo la cohabitación con personas menores de edad y otros seres sintientes.

La propuesta de reforma a la Ley de Vivienda del Estado de México busca armonizar la legislación estatal con el artículo cuarto de la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y decorosa para todas las personas, en un entorno que promueva su desarrollo integral.

En sesión deliberante, Navarro Hernández señaló que la iniciativa responde a prácticas discriminatorias todavía presentes en contratos inmobiliarios que restringen la presencia de niñas, niños y adolescentes, o que impiden habitar viviendas a quienes conviven con seres sintientes, lo que afecta la estabilidad familiar y fomenta el abandono animal.

“Estas prácticas discriminatorias limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos y perpetúan prejuicios que atentan contra la igualdad y la dignidad de la persona”, expresó durante sesión deliberante.

La iniciativa también actualiza el lenguaje jurídico al sustituir el término “preferencia sexual” por “orientación sexual”, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reforzando un marco normativo incluyente, preciso y no discriminatorio.

Con esta reforma, se pretende avanzar hacia un modelo de vivienda más justo y respetuoso, que reconozca la diversidad familiar, fortalezca el bienestar de las infancias y promueva una convivencia multiespecie libre de prácticas excluyentes.

El documento cita que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025, en el Estado de México existen más de 5 millones de perros y gatos, de los cuales 1.5 millones viven en situación de calle, colocando a la entidad en el primer lugar nacional en abandono animal. Esta problemática, señala, se relaciona directamente con restricciones habitacionales que obligan a familias a separarse de sus animales de compañía.