El Grupo Parlamentario del PRI propuso incorporar el Protocolo Alba —mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas— en la legislación estatal, con el objetivo de garantizar su obligatoriedad y permanencia, homologar plazos y fases operativas, asegurar la coordinación institucional y facilitar la asignación y programación presupuestaria, dado que actualmente funciona mediante un acuerdo interinstitucional.

Mediante reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante de la bancada del PRI, respectivamente, buscan que este protocolo, firmado en 2017 y que activa la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales desde el primer momento de la denuncia, pase, de ser un acuerdo, a una figura reconocida en dicho ordenamiento, dotándolo de certeza jurídica y carácter obligatorio.

El documento leído por el diputado Mariano Camacho señala que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la entidad es la que presenta el mayor número de desapariciones, con una cifra histórica de 39 mil 430 mujeres no localizadas desde 1952 hasta la fecha, y que, de los casos registrados en 2023, el 65 por ciento corresponde a mujeres.

El legislador añadió que, pese a los esfuerzos institucionales, es necesario reconocer que la desaparición de mujeres y niñas va en aumento y que se requiere actualizar el marco jurídico, incrementar la eficiencia en la administración de los recursos financieros y mejorar los mecanismos de coordinación institucional.

En este sentido, afirmó que este protocolo permite una respuesta rápida y focalizada ante casos de desaparición, busca prevenir riesgos, reducir vulnerabilidades y garantizar los derechos de las víctimas, y facilita la coordinación interinstitucional, todo ello bajo los principios de debida diligencia, no revictimización y perspectiva de género.

La iniciativa explica que el Protocolo Alba tuvo su origen en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras vs. México, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ocho mujeres reportadas como desaparecidas fueron localizadas posteriormente. En dicha sentencia se determinó que la autoridad incurrió en irregularidades durante las investigaciones y discriminó a los familiares de las víctimas, quienes las buscaban desde el “alba” hasta donde sus fuerzas lo permitían, hecho que inspiró el nombre del protocolo.