Para actualizar el marco normativo y fortalecer el modelo de atención a las faltas administrativas desde un enfoque restaurativo y basado en derechos humanos, el diputado Pablo Fernández de Cevallos González y la legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez, coordinador e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, respectivamente, plantearon la creación del Sistema Estatal de Justicia Cívica.

En sesión deliberante, la diputada Rocío Alexia Dávila explicó que este modelo fortalece la convivencia social, despresuriza el sistema penal y evita la criminalización innecesaria de conflictos vecinales, al tiempo que impulsa soluciones integrales que atienden factores psicosociales relacionados con adicciones, violencia familiar, marginación o problemas de salud mental.

“Desde Acción Nacional creemos en una justicia que llegue antes, no después; que eduque y no sólo sancione; que una y no que divida. Por eso hoy les pedimos su respaldo, porque esta reforma, no es para el papel ni para los archivos, es para las calles, para los mercados, para los parques, para los barrios, para las personas y, lo más importante, para las familias”, destacó la diputada. 

La propuesta establece la creación del Sistema Estatal de Justicia Cívica, encargado de coordinar y supervisar los juzgados cívicos municipales, emitir lineamientos uniformes y protocolos comunes, capacitar y certificar al personal, evaluar resultados y administrar el Registro Estatal de Faltas Administrativas.

Dicho registro tendrá fines estadísticos y de seguimiento, y contendrá información sobre infracciones, reincidencias, sanciones y medidas restaurativas aplicadas, garantizando la protección de datos personales.

El documento establece que serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas que afecten la tranquilidad y el orden público, el entorno urbano, el medio ambiente o la sana convivencia comunitaria.

Para imponer sanciones se priorizará el uso de medidas restaurativas, enfocadas en la amonestación, el trabajo comunitario, talleres psicoeducativos o terapéuticos, y la reparación simbólica o disculpa pública. Las multas se aplicarían solo como último recurso, y el arresto quedaría reservado para casos de reincidencia grave o desobediencia reiterada.

Asimismo, se señala que las sanciones se individualizarán conforme a la gravedad de la conducta, la condición socioeconómica, el perfil psicosocial y la voluntad de colaborar en la mediación o reparación del daño.

La iniciativa, que modifica la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, propone que cada municipio cuente con al menos un juzgado cívico con autonomía técnica y operativa, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el sistema estatal.

También dispone que el Sistema Estatal de Justicia Cívica será coordinado por la Secretaría General de Gobierno y estará integrado por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Derechos Humanos, todos de la entidad, así como tres municipios designados anualmente. Sus funciones serán proponer políticas públicas de convivencia ciudadana, coordinar acciones intermunicipales y emitir indicadores de evaluación y lineamientos de profesionalización.