Comunicado 1824

26 de Marzo 2026

Avanza en comisiones iniciativa para priorizar salud mental docente

  • La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso mexiquense aprobó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal genere protocolos de actuación para la prevención y atención de casos de violencia contra personal docente.
  • La propuesta del diputado Rigoberto Vargas (morena) fue respaldada por las diputadas de morena Brenda Miranda y Nelly Rivera, así como María del Consuelo Estrada (PT) y Maricela Beltrán (MC).
  • De aprobarse por el Pleno legislativo, la reforma establece que se implementarán mecanismos para garantizar al magisterio los servicios de salud mental y apoyo psicosocial permanente en modalidad presencial, telefónica y en línea.

Al coincidir en la necesidad de priorizar la salud mental y el apoyo psicosocial a las y los docentes, en comisiones del Congreso mexiquense se aprobó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal genere protocolos de actuación para la prevención y atención de casos de violencia contra el magisterio.

De acuerdo con la iniciativa del legislador Rigoberto Vargas Cervantes (morena), el decreto modificaría la Ley de Educación estatal para que la secretaría ayude a los institutos de salud en los planes y programas para el acceso de las maestras y los maestros a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, en modalidad presencial, telefónica o en línea.

Además de colaborar con estas instancias en la promoción, protección y atención de la salud mental, así como en el apoyo psicosocial del personal docente, a fin de favorecer su bienestar personal y profesional, la calidad de la enseñanza y un clima laboral que permita el sano desarrollo de la comunidad educativa, conforme a los planes y programas que determinen dichos institutos.

Durante la deliberación del dictamen, el legislador Rigoberto Vargas y la legisladora Maricela Beltrán Sánchez (MC) lamentaron los hechos ocurridos el pasado 24 de marzo de 2026, en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó como saldo la muerte de dos maestras.

El diputado expresó que, aunque la autoridad educativa estatal no es responsable de brindar servicios de salud mental en las escuelas —función que corresponde a las instituciones especializadas en la materia—, reconoció la importancia de la coordinación institucional para vincular el bienestar docente con una educación de calidad.

Enfatizó que no se puede normalizar la violencia en las escuelas y agradeció la sensibilidad de las y los diputados de la comisión que preside por respaldar su iniciativa, la cual busca que, en la revalorización de las y los docentes, se priorice su bienestar personal y profesional para favorecer el sano desarrollo de la comunidad.

Por su parte, la legisladora Brenda Colette Miranda Vargas (morena) subrayó la urgencia de atender la salud mental del personal docente, al destacar la sobrecarga laboral, emocional y administrativa que enfrentan. Afirmó que la entidad tiene la oportunidad de colocarse a la vanguardia en la construcción de políticas educativas con enfoque humanista: transitar de un modelo que exige a uno que también cuida, y de un sistema que evalúa a uno que acompaña.

En tanto que la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez (morena) destacó que no puede hablarse de educación transformadora sin cuidar a quienes la hacen posible, por lo que consideró que respaldar esta reforma es garantizar condiciones dignas, fortalecer la comunidad escolar y proteger el desarrollo del sector.

En su oportunidad, María del Consuelo Estrada Plata (PT) expuso que el magisterio enfrenta problemas como estrés, agotamiento emocional, depresión y ansiedad, lo que refleja la necesidad de atender su bienestar integral.

Al respaldar la iniciativa, la legisladora Maricela Beltrán compartió su experiencia como maestra y expresó que durante mucho tiempo a las y los docentes se les ha exigido mucho y se les ha cuidado poco. Mencionó que se les pide ser personas educadoras, psicólogas, mediadoras e incluso figuras de contención familiar, pero no se les pregunta cómo están o qué necesitan, y afirmó que la iniciativa representa un acto de justicia.

 

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