El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), coordinado por José Alberto Couttolenc Buentello, presentó una iniciativa para crear una fiscalía especializada que atienda de manera unificada tres ámbitos prioritarios: delitos ambientales, maltrato a seres sintientes domésticos y delitos cometidos por fraccionadores.

A nombre de su bancada, la diputada Miriam Silva Mata expresó que esta propuesta busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, frenar la urbanización ilegal y proteger la dignidad de los animales como seres sintientes, con el respaldo de personal técnico y científico, así como de personas médicas zootecnistas, veterinarias forenses, peritas ambientales y agentes del Ministerio Público debidamente capacitadas.

Detalló que la propuesta para modificar la Ley de la Fiscalía General de Justicia estatal se sustenta en el bajo índice de judicialización de delitos ambientales, el alto porcentaje en casos de maltrato animal sin denuncia y el crecimiento urbano desordenado que daña ecosistemas.

En este sentido, refirió que en México se estima que siete de cada 10 animales de compañía sufren algún tipo de maltrato o negligencia. Mientras tanto, la expansión de asentamientos ilegales y fraccionamientos no autorizados ha generado daños irreparables en áreas naturales protegidas, humedales, zonas de recarga hídrica y suelos de conservación.

De acuerdo con el documento, la nueva Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Medio Ambiente y los Seres Sintientes estará adscrita a la Fiscalía General de Justicia estatal y deberá iniciar, recibir e integrar investigaciones sobre delitos contra el medio ambiente, los seres sintientes y los fraccionadores ilegales.

Además, diseñará programas permanentes de información, estudios y proyectos que fomenten la cultura de la denuncia y la legalidad; establecerá comunicación constante con las personas denunciantes, asegurando sensibilidad y seguimiento durante todo el proceso; y practicará diligencias, operativos e intervenciones inmediatas en casos de flagrancia o cuando esté en riesgo la vida.

Asimismo, podrá solicitar órdenes de cateo, medidas cautelares y el aseguramiento de bienes, garantizando el debido cumplimiento de las sentencias; recabar informes, dictámenes y documentos de dependencias públicas o de particulares necesarios para fortalecer las investigaciones.

También corresponderá asegurar instrumentos y productos del delito, en coordinación con las instancias administrativas competentes; supervisar agencias del Ministerio Público, a personas peritas y cuerpos de policía bajo su adscripción.

Por último, la fiscalía contará con agencias del Ministerio Público distribuidas de manera estratégica en el territorio estatal, de acuerdo con la incidencia delictiva, lo que permitirá una atención cercana y oportuna.