Ante el desafío que representa para el Estado la organización social del cuidado debido a la creciente demanda de atención para personas en situación de dependencia, el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) propuso reconocer, apoyar y fortalecer a las mujeres y hombres que brindan asistencia no remunerada, en congruencia con el derecho al cuidado digno, cuya incorporación en la Constitución estatal fue aprobada en 2024. 

Mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar y Desarrollo Social de la entidad, el legislador propuso que las y los cuidadores —especialmente quienes se encuentren en condiciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad social— sean considerados grupos que merecen atención prioritaria en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal. 

En sesión deliberante, expuso que los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de vida, la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades, así como las persistentes desigualdades socioeconómicas, han generado una creciente demanda de cuidados para personas en situación de dependencia, con discapacidad, con enfermedad crónica, adultas mayores, así como niñas, niños y adolescentes. 

Explicó que esta labor se realiza mayoritariamente en los hogares y es llevada a cabo de manera no remunerada por mujeres y hombres de distintas edades. Compartió que, del total de hogares en México, en 78.1 por ciento alguna persona requiere apoyo o cuidados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Señaló que el grupo con mayor necesidad de cuidados corresponde a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años, seguido de la población adulta mayor. 

Este trabajo, puntualizó, ha sido invisibilizado y no siempre considerado de manera explícita en los procesos de planeación del desarrollo social, lo que ha dado lugar a personas cuidadoras —particularmente adultas mayores— que enfrentan condiciones de vulnerabilidad no solo por su nivel de ingresos o contexto territorial, sino también por la responsabilidad permanente de brindar cuidado sin recibir remuneración. 

Por lo anterior, señaló, su iniciativa fortalecería la planeación del desarrollo social, reconociendo explícitamente a las personas cuidadoras como un grupo que enfrenta riesgos específicos y que puede ser sujeto de atención prioritaria en términos de política pública, conforme a la disponibilidad presupuestal y a los principios de progresividad y sostenibilidad financiera, por lo que no crea derechos subjetivos nuevos, no establece prestaciones directas ni genera obligaciones presupuestales automáticas.