Con el objetivo de enriquecer un proyecto para reformar la Ley de Amnistía estatal mediante las aportaciones de la sociedad civil, la academia, el gobierno, familiares de víctimas y personas abogadas, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso la creación de una Comisión Legislativa que compile estas contribuciones y presente un proyecto en enero próximo ante el Congreso mexiquense.

En el marco del Foro de Análisis para Reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, y en presencia de la diputada María José Pérez Domínguez (morena), el parlamentario puntualizó que, de ser necesario, también se promoverá una iniciativa para reformar el marco jurídico federal en la materia.

Justificó la necesidad de la propuesta de reforma debido a las irregularidades existentes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y en el Poder Judicial, incluyendo la fabricación de delitos, las inconsistencias procesales y los abusos de autoridad.

Además, refirió que en los 22 centros penitenciarios de la entidad hay una población de 39 mil personas privadas de la libertad, ya sea en proceso judicial o sentenciadas, cifra que, aseguró, se ha duplicado respecto a 2015, cuando ascendía a 18 mil personas.

Por otro lado, anunció que también propondrá una nueva Ley Orgánica de la FGJEM y recordó que, en el Congreso, se ha legislado para tipificar el despojo como delito grave, sancionar a los conocidos como “montachoques” y a la usura —una de cuyas modalidades son los llamados “préstamos gota a gota”—, además de haber presentado propuestas para sancionar la fabricación de delitos y eliminar el fuero penal para todas las personas servidoras públicas.

Durante el foro, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, explicó que la iniciativa de reforma debe considerar la integración de un grupo de personas expertas nacionales e internacionales en la Comisión Legislativa Ordinaria, para analizar las solicitudes de amnistía, que investigue los casos relevantes (especialmente en su etapa inicial y judicializada) para determinar si las conductas delictivas fueron cometidas por las personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.

Así como que la Comisión y el grupo investiguen las asignaciones e incrementos al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Públicas de legislaturas pasadas.

En su participación, José Carlos Neira Cruz, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de la Defensoría Pública estatal, sugirió que el proyecto considere a mujeres criminalizadas por pobreza, personas indígenas sin traductor en su defensa, adolescentes procesados sin garantías plenas, personas injustamente acusadas por delitos no graves o sin pruebas suficientes.

Finalmente, el foro contó con la participación de familiares de víctimas de personas presas de su libertad, así como de representantes de organizaciones civiles en la materia y personas defensoras públicas.