El Grupo Parlamentario de MC propuso que las funciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) —cuya extinción está en trámite— relacionadas con los testigos sociales, sean asumidas por la Secretaría de la Contraloría estatal.

La iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado de México también plantea ampliar los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a ser parte de este mecanismo de participación ciudadana, como presentar y aprobar un examen de conocimientos avalado por el Comité de Registro de Testigos Sociales, con una calificación mínima de ocho, con el objetivo de elevar la calidad de su desempeño y dar mayor difusión a su labor.

La propuesta de la bancada de MC, coordinada por el legislador Juan Zepeda Hernández, recuerda que el testigo social es una figura que involucra a la sociedad civil en los procedimientos de contratación pública relevantes. Sus funciones son prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción que se presenten durante los procesos de adquisición gubernamental, así como evitar la impunidad en el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con el planteamiento, al que dio lectura la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), la desaparición del Infoem hace necesaria una adecuación del marco legal en la materia, con el propósito de optimizar las funciones que ahora asumirá la Secretaría de la Contraloría estatal.

En su exposición, la parlamentaria Salinas Reyes añadió que fortalecer el mecanismo de testigo social servirá para saber, por ejemplo, a qué empresas se les ha pagado el bacheo que debería durar al menos tres años, aunque hoy sólo duran tres meses.

“Para eso son los testigos sociales. Para atestiguar quiénes son esos amigos, compadres, vecinos o servidores públicos que se están llevando las grandes obras”, enfatizó durante la sesión deliberante.

La propuesta establece que, para ser testigo social, será necesario contar con el registro correspondiente, otorgado de manera conjunta por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y la Secretaría de la Contraloría estatal, con base en el dictamen emitido por el Comité de Registro de Testigos Sociales.

Dispone, además, que la UAEMEX y dicha secretaría mantengan una lista actualizada de las personas registradas como testigos sociales y otra de quienes hayan perdido su registro, las cuales deberán publicarse en sus respectivos portales de internet.

En cuanto a los requisitos, se prevé que el examen de conocimientos podrá eximirse si la persona solicitante demuestra haber acreditado los cursos establecidos por el Comité de Registro, así como el examen que determine la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la autoridad federal competente en la materia.

Se establece que la vigencia del registro será de cuatro años a partir de la expedición de la constancia y podrá renovarse por el mismo periodo de manera consecutiva, siempre que se cumplan los requisitos y se considere el desempeño del testigo social en los procedimientos previos.

Cabe señalar que el 26 de junio, la LXII Legislatura mexiquense aprobó la extinción del Infoem. El decreto establece que, en un plazo de 90 días naturales tras su entrada en vigor, se deberán crear y aprobar las leyes secundarias correspondientes, y que una vez que estas entren en vigor, el Infoem se extinguirá formalmente.